¿La Ley de Seguridad Interior podría poner en riesgo los derechos humanos?

Nos sorprendió amargamente que octubre de 2017 se convirtiera en el mes más violento de los últimos 20 años, con dos mil 371 casos reportados oficialmente de homicidio doloso

Por Mariana Gómez del Campo

México vive una de las etapas más preocupantes de la historia por sus altos índices de inseguridad, una violencia sin precedentes, casos de corrupción inimaginables, una impunidad indignante y un Presidente que pese a tener las mejores condiciones para llevar a México hacia el progreso y el desarrollo, lo ha movido hacia el pasado, hacia ese país autoritario en que no se podía tocar al Ejecutivo Federal ni con el pétalo de una crítica, en el que quien piensa diferente se convierte en un enemigo, donde la transparencia ha pasado a ser letra muerta, donde a los exgobernadores corruptos se les deja escapar, y donde las autoridades se enriquecen a costa del erario.

Nos sorprendió amargamente que octubre de 2017 se convirtiera en el mes más violento de los últimos 20 años, con dos mil 371 casos reportados oficialmente de homicidio doloso que dejaron un saldo de dos mil 764 víctimas; pero no es un hecho excepcional, sino que esta es la cuarta vez en el año que se rompe el “récord” mensual de homicidios durante esta administración. Por su parte, la organización civil Semáforo Delictivo señaló que de enero a septiembre de este año se contabilizan 13 mil 515 ejecuciones del crimen organizado, un incremento de 53 por ciento frente al mismo periodo de 2016.

En ese mismo sentido, la administración actual acumula 13 mil homicidios más que el sexenio anterior en el mismo lapso de tiempo, lo que significa que no sólo no se le ha dado una continuidad a la política de seguridad, sino que pese a que se aglutinaron diversas competencias en la Secretaría de Gobernación parece no haber existido una estrategia integral de seguridad; al menos así lo considera el Observatorio Nacional Ciudadano cuando afirma que “la autoridad no tiene idea de cómo resolver el problema, o bien, no tiene interés en hacerlo”.

La Ley de Seguridad Interior es un elemento fundamental en la vida interna de nuestro país, sin embargo, me parece que existen tres elementos indispensables a tomar en cuenta:

Iniciemos partiendo de la idea de que el despliegue de elementos del Ejército y de la Marina en algunas entidades federativas era de forma temporal y complementaria, sin embargo, el número de elementos se duplicó durante este sexenio: en 2012, había 75 bases militares mixtas, mil 680 efectivos y 160 vehículos militares destinados a la seguridad pública, para 2016 había 142 bases, 3 mil 386 efectivos y 368 vehículos en las calles; mientras que en 2012, sólo 19 estados tenían elementos castrenses, en 2016 el número llegó a 24. Es decir, esta ley regula la participación de los militares en materia de seguridad, lo cual es innegable e improrrogable.

En segundo lugar, esta debe ser vista como una oportunidad para fortalecer a las policías estatales y municipales (no para perpetuar la presencia militar), una tarea que ha estado estancada durante mucho tiempo, particularmente frente a la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal.

En tercer lugar, los derechos humanos deben ser la piedra angular de todas las leyes aprobadas por el Congreso. En la minuta enviada por la Cámara de Diputados llama la atención el artículo 8 que señala que las movilizaciones de protesta social o las motivadas por cuestiones político-electorales que se realicen de manera pacífica no deben ser consideradas como amenazas a la seguridad interior, sin embargo, los críticos destacan que tampoco deben ser consideradas como riesgos a la seguridad anterior, dos conceptos que se diferencian en el artículo 4.

La suspensión de derechos humanos señalada en el artículo 7 parece, de primera lectura, un poco vaga pues aunque afirma que se regirá bajo lo establecido en el artículo 29 constitucional, algunas de las actividades rutinarias de las fuerzas armadas en las calles implican la lesión de derechos como en el caso de retenes. Son temas que debemos analizar.

Afirmar que es una ley que militariza al país me parece una generalización y un señalamiento impreciso, sin embargo, debemos tener una reflexión amplia y seria del tema para subsanar todo aquello que genera polémica y preocupaciones en la sociedad mexicana, atendiendo el llamado que hizo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al diálogo.

Así, estoy segura que la discusión en el Senado de la Ley de Seguridad Interior es -como lo dije- una oportunidad de iniciar un debate abierto que debe incluir a todos los actores como militares, académicos, expertos en seguridad nacional, gobernadores y sociedad civil, que nos permita llegar al mejor texto normativo a fin dejarle tranquilidad a las familias, evitando a toda costa eternizar la presencia militar en las calles, suplantar facultades que son de los gobernadores o poner en riesgo derechos humanos. Si bien esta ley no es la panacea podría ser una vía para terminar fortaleciendo a las policías estatales y lograr que los más pronto posible regrese el Ejército a sus cuarteles.

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