¿Cuál es el camino a seguir tras la aprobación de la Ley de Seguridad Interior?

Es importante destacar que no se trata de desechar la ley sólo por hacerlo, tenemos que encontrar una salida a la situación que es ya alarmante

¿Cuál es el camino a seguir tras la aprobación de la Ley de Seguridad Interior?

La Ley de Seguridad Interior tiene profundas deficiencias y se quedó corta. Es una de las legislaciones más polémicas que se han aprobado por el Congreso de la Unión, pues si bien son necesarias ciertas reformas para darle certeza jurídica a las fuerzas armadas, el proceso legislativo no fue lo suficientemente abierto frente a las exigencias de las organizaciones de la sociedad civil. A muchos nos preocuparon los señalamientos de las organizaciones internacionales por la ambigüedad de conceptos y la falta de controles sobre el Ejecutivo, sus principales debilidades. Por ello no voté a favor.

Esta ley por si sola está lejos de ser la solución, ésta da certidumbre al Ejército pero no resuelve el problema de fondo que es la reestructuración y depuración de las policías estatales y municipales. Tampoco atiende la debilidad institucional reflejada en que hoy la Ciudad de México cuenta con más elementos que la Policía Federal, cuando esta tiene la tarea de vigilar la extensión completa del país.

Diversos grupos han pedido al Presidente de la República el veto de esta ley, lo que significa que frene su publicación, sin embargo, constitucionalmente en México el Ejecutivo Federal lo que sí puede hacer el Presidente es hacerle observaciones a dicha Ley y regresarla al Congreso, particularmente retomando aquellas partes polémicas del texto que han sido cuestionadas. De esta manera, Peña Nieto daría un claro mensaje al menos en su último año de gobierno de que la voz de los mexicanos sí importa, por lo menos en la agenda de seguridad.

Por otro lado, si el Presidente hace oídos sordos, la sociedad cuenta con otro mecanismo, la “acción de inconstitucionalidad” que se presenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denunciando alguna contradicción entre la Constitución y alguna norma de menor jerarquía que tiene por objeto preservar la supremacía de la Carta Magna y dejar sin efectos las leyes señaladas.

Esta acción puede ser presentada por el 33 por ciento de los integrantes de una de las Cámaras, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, inclusive por los partidos políticos; seguramente, la sociedad civil encontrará no uno, sino diversos actores que impulsen esta acción de inconstitucionalidad; Será por tanto, la Suprema Corte la que probablemente analice el contenido de esta ley.

Es importante destacar que no se trata de desechar la ley sólo por hacerlo, tenemos que encontrar una salida a la situación que es ya alarmante; según datos de la organización civil “Semáforo Delictivo”, el número de ejecuciones del crimen organizado se incrementó un 53% en el último año, mientras que durante la presente administración el despliegue de elementos del Ejército y de la Marina pasó de 19 a 24 estados, lo que significa que regular su participación en materia de seguridad es un paso impostergable, pero queremos una legislación que no ponga en riesgo los derechos humanos o fomente el uso discrecional de la fuerza.

Mientras algunos plantean irresponsablemente como López Obrador dar “amnistía a los delincuentes” muchos más queremos que se combata eficazmente a quienes envenenan a nuestros jóvenes, a quienes no nos dejan vivir o transitar con tranquilidad. Recuperar la paz y la seguridad en México implica fortalecer al aparato de procuración de justicia, tener buenas leyes, hacer que se cumplan y que los ciudadanos contribuyamos fomentando una cultura de respeto, armonía y de denuncia cuando algo no esté bien. Debemos ser parte de la solución y no del problema.