Tiemblan ex funcionarios por detención de ex alcalde de Cholula; tramitan amparos

Al menos seis personajes del ámbito político y judicial, entre ellos cuatro ex presidentes municipales, tramitaron amparos en diversos juzgados en materia penal con el fin de evitar una detención.

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Esto, luego de que aprehendieron al ex edil de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias; acusado de abuso de autoridad y posteriormente se la adicionaran cargos por peculado, además de que pretendía volver a competir por el cargo.

Su lugar como candidato será ocupado por el aspirante panista Edmundo Tlatehui Percino, ex director de Desarrollo Urbano, quien también solicitó un amparo bajo el expediente 322/2021; ofreciendo una garantía de 20 mil pesos y la audiencia para que sea resuelto su asunto quedó fijada para el próximo 10 de mayo.

Sergio Quiroz Corona, ex tesorero en el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, también es otro de los personajes que interpuso un amparo en el Juzgado Segundo de Distrito y se inició el expediente 329/2021.

Ex ediles ponen sus barbas a remojar

Trascendió también que Rafael Núñez Ramírez, ex presidente municipal de San Martín Texmelucan, tramitó un amparo en el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal del Estado de Puebla, bajo el expediente 326/2021.

Aunque admitieron la demanda de amparo, será el 30 de abril cuando se resuelva si la justicia federal decide protegerlo o no.

Del mismo modo, el ex alcalde de Chignahuapan, Juan Enrique Rivera pudo obtener la suspensión provisional; y queda pendiente la audiencia para la resolución final de sus expediente  321/2021 del Juzgado Primero de Distrito.

La ex alcaldesa de Tehuacan, Ernestina Fernández buscó ampararse bajo el expediente número 163/2021; pero al no presentarse a la audiencia programada el asunto quedó como sobreseído.

Otro ex edil que sí logró ampararse es el de Tepeaca, David Huerta Ruiz; bajo el expediente 325/2021 en el Juzgado Segundo de Distrito, quedando su audiencia para resolver el próximo 13 de Mayo.

Además, se sabe que la Auditoría Superior del Estado (ASE) denunció a 21 ex servidores públicos por posibles irregularidades durante su administración; por el uso de facturas falsas y desvío de recursos.