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La empresa Bonafont amagó con retirarse de Puebla si la toma por pobladores de sus instalaciones en el municipio de Juan C. Bonilla continúa. Los vecinos acusan una explotación diaria de más de 1.6 millones de litros de los mantos acuíferos de la región.
El vicepresidente de Asuntos Corporativos de la embotelladora, Fabrice Salamanca, aseguró que la explotación del recurso que hace la empresa para vender el líquido embotellado apenas representa el 0.09% del total del líquido que hay en la zona.
En entrevista con Cinco Radio, indicó que la toma de las instalaciones ha afectado a más de mil 200 trabajadores que participan en toda la cadena de valor, y advirtió que si no se resuelve a la brevedad el conflicto podría causar el cierre definitivo de la planta.
El pasado 22 de marzo, pobladores de los municipios de Juan C. Bonilla y la junta auxiliar San Mateo Cuanalá, Zacatapec, Domingo Arenas, Coronango, San Andrés Calpan y San Pedro Cholula instalaron un plantón afuera de los accesos de la empresa.
La embotelladora de agua, que pertenece a la multinacional francesa Grupo Danone, urgió desde inicios de abril al Gobierno del Estado de Puebla intervenir en el conflicto social para que los lugareños levanten el plantón y los accesos sean liberados a la brevedad.
A un mes de la toma, la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucia Hill Mayoral, declaró que han tenido comunicación permanente con la empresa, que a su decir cuentan con todos los permisos para la extracción por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
“Como parte de la solución al problema pidieron al Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua que, de forma remota, comprueben que sus permisos están cumpliendo con lo establecido desde un inicio que se les entregó la licencia”, dijo.
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El 21 de abril, desde las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), también tomadas por integrantes de la comunidad otomí desde hace seis meses en la Ciudad de México, los pueblos denunciaron las afectaciones directas que la empresa ha provocado en las últimas dos décadas y decretaron el cierre definitivo de la empresa.
La planta Bonafont se instaló en el territorio en 1992 con el nombre de Embotelladora Arcoíris SA de CV, y desde entonces, la embotelladora ha sustraído más de un millón 641 mil litros de agua diarios de los mantos acuíferos de la región, informaron.
Lo anterior, ha provocado afectaciones a los pozos, lagunas, ríos y ameyales, lo cual a su vez dificultó la realización de sus actividades agrícolas y fuentes de autoempleo.
Aseguraron que empresarios y autoridades han intimidado y amenazado a quienes protestan y denunciaron que la empresa los acusó de robo de vehículos. Además, señalaron que la Fiscalía General del Estado los amenazó con detenerlos si no se retiraban del plantón.
“Hacemos responsables a los empresarios y gobiernos si a algún compañero o compañera le llega a pasar algo, sabemos que defender el agua, la tierra y la vida no es un delito”, dijeron los pueblos originarios.
Por su parte, los representantes de la empresa señalan que las autoridades de los tres niveles de gobierno no han buscado resolver el conflicto y aseguran que la planta opera totalmente independiente al suministro de agua que ocupa la localidad.
“Las autoridades no han podido establecer diálogo con los manifestantes para la resolución de este conflicto ajeno a nuestra compañía”, señalan en un comunicado difundido hace unas semanas.
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