Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó nueve artículos de la Ley de Educación del gobernador Miguel Barbosa Huerta, ya que fue aprobada sin una consulta previa a comunidades indígenas y personas con discapacidad.
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En sesión virtual, el pleno sometió a consideración el proyecto relativo a las acciones de inconstitucionalidad 131-2020 y 186-2020, presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 13 legisladores de oposición.
Declararon que era procedente y fundada la acción de constitucionalidad y por ello, quedaba declarada la invalidez de los artículos 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 de la Ley de Educación del Estado de Puebla que fue expedida mediante un decreto publicado el 18 de mayo del 2020 en el Periódico Oficial del Estado.
Los artículos de la Ley de Educación invalidados refieren las consultas a los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas, así como a las personas con discapacidad, las cuales no se llevaron a cabo.
La declaratoria de invalidez ordena al Congreso del Estado a realizar las respectivas consultas a los grupos mencionados, en un plazo de 18 meses siguientes de la notificación, a fin de reponer el proceso y legislar en materia de educación indígena e inclusiva.
Cabe recordar que la Ley de Educación causó polémica a nivel nacional porque se presumió que vulneraría la autonomía de las instituciones públicas, así como al derecho de autogestión y decisión sobre el destino de los recursos obtenidos lícitamente por las instituciones particulares.
Un punto importante de la Ley de Educación señala que queda estrictamente prohibido que las escuelas particulares lleven a cabo la retención de documentos por adeudos en las colegiaturas o pagos específicos en la institución.
En su momento, miembros del Consorcio Universitario, que agremian universidades como la Udlap, Upaep, Ibero y Anáhuac, calificaron la Ley de Educación como ilegal y excesiva, pues faculta a la SEP estatal investigar si los cobros por cuota de las instituciones privadas son excesivos o injustificados.
El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta los llamó «conservadores y con doble moral» al decir que lo que les molestaba es que ya no iban «a poder abusar de los alumnos, ya no van a retener los documentos».
