Tras un mes de parlamentos abiertos, el Congreso de Puebla presentó las iniciativas definitivas para la interrupción legal del embarazo y las turn a comisiones para su discusión; en tanto, grupos feministas urgieron su aprobación para julio.
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Las iniciativas fueron presentadas por las diputadas Estefanía Rodríguez Sandoval y Rocío García Olmedo, a fin de eliminar las penas por abortar hasta la semana 12 de gestación y que el Estado garantice el acceso gratuito a las personas que soliciten realizarse este procedimiento.
Además, las diputadas proponen imponer de cinco a ocho años de prisión al que haga abortar a una mujer o persona gestante sin su consentimiento. Si además hay violencia física o moral, se impondrá al infractor de ocho a 10 años de prisión.
Si el aborto forzado lo ocasionara un médico cirujano, comadrón o partera, enfermero o practicante, además de las sanciones se le suspenderá en el ejercicio de su oficio o profesión por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
Los proyectos incluyen reformas a diversos artículos del Código Penal de Puebla; así como la Ley Estatal de Salud, los cuales fueron turnados a la comisión de Procuración de Justicia y Salud, respectivamente.
Cuando la mujer decida practicarse un aborto, las instituciones deberán efectuarla en un término no mayor a cinco días naturales; y el procedimiento sólo será aplicado de forma inmediata cuando sea producto de alguna violación sexual.
El personal médico o de enfermería, cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias al procedimiento, podrá excusarse de intervenir en la interrupción; a excepción cuando ésta sea urgente para salvaguardar la vida de la mujer.
Feministas urgen aprobación
Simultáneamente a la sesión del Congreso, representantes de colectivos feministas realizaron una conferencia a medios frente a la sede del Legislativo local; en donde denunciaron retraso en los cumplimientos a las demandas tras la toma del Poder Legislativo en noviembre de 2020.
Acusaron que desde marzo han solicitado reunión con la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Nora Merino Escamilla, y hasta ahora no han tenido diálogo; por lo que urgieron la aprobación del aborto antes de que concluya el periodo legislativo, en septiembre.
