¿Debe o no ser extraditado el Chapo a Estados Unidos?

La reacción triunfalista del Gobierno Federal tras la tercera captura de Joaquín Guzmán Loera fue señalada como un desacierto por importantes círculos de la opinión pública

Por Opinión semanal

Mariana gómez del campo, PAN

La reacción triunfalista del Gobierno Federal tras la tercera captura de Joaquín Guzmán Loera fue señalada como un desacierto por importantes círculos de la opinión pública, pues aunque es un hecho positivo para la percepción de seguridad dentro y fuera de nuestras fronteras, el problema de fondo aún no se ha atacado, pues su fuga dejó de manifiesto una realidad que las autoridades aún no han sido capaces de reconocer ni combatir: la susceptibilidad a la corrupción en el sistema de procuración de justicia.

Indudablemente, la fuga del líder de uno de los cárteles del narcotráfico más importante del mundo sólo pudo ocurrir, gracias a la complicidad de autoridades de todos los niveles del Penal del Altiplano, no por los protocolos de derechos humanos a los que se refirió en un primer momento el Secretario de Gobernación. Ésta es una cuestión de fondo porque alarmantemente la fuerza del Estado de derecho sucumbió al poder del dinero y su efecto corruptor.

Hoy, los mexicanos seguimos esperando que las instancias de procuración de justicia nos aclaren quienes fueron los cómplices en este “imperdonable” evento, pues aunque una veintena de personas están sometidas a procedimientos penales, aún no existe certeza sobre el modus operandi del capo, lo que podría prevenir futuras fugas similares.

Durante campaña, el discurso del presidente Peña Nieto es que ellos “sí sabían” la forma de abordar el tema de seguridad, por desgracia, ha imperado la improvisación. Han pasado del argumento de que la extradición “lesiona la soberanía y significa admitir que el sistema penitenciario y de justicia mexicano es deficiente” a la afirmación de que se trata de una “cooperación estrecha entre México y Estados Unidos”.  Muestra de este discurso ambiguo es que durante el sexenio pasado se extraditaron a 614 presos, mientras que en los tres años de la administración actual, sólo se han extraditado a 153 criminales.

Según un estudio de Parametría, 38% de los mexicanos está contra la extradición del narcotraficante a Estados Unidos, frente a 43% que está a favor, debido al temor de una tercera fuga del líder del cártel de Sinaloa, mientras que el resto de los mexicanos no tiene una postura fija respecto al tema.

Tras la recaptura del Joaquín Guzmán es necesario tomar las medidas cautelares y proactivas necesarias para evitar una nueva fuga del capo y, al mismo tiempo, una profunda transformación de la estrategia de seguridad de nuestro país.

Resulta de gran importancia que los legisladores tomemos un papel activo en este proceso para la cual ya se ha citado al secretario Miguel Ángel Osorio Chong y a la Procuradora Arely Gómez para que comparezcan acerca del caso Guzmán Loera e iniciaremos un debate profundo sobre los cambios que requiere el sistema de procuración de justicia.

Estoy convencida de que México debe extraditar a Joaquín Guzmán Loera, pero antes debe esclarecerse su fuga; y como ciudadana exijo al igual que millones de mexicanos que el Gobierno Federal reconozca y combata de raíz a la corrupción e impunidad que ponen un freno al crecimiento y engrandecimiento de nuestro país.

Alejandra barrales, PRD

Lo más importante es seguir fortaleciendo el Estado de Derecho de nuestro país, nuestro sistema de Justicia, así como el sistema penitenciario, antes de pensar que la extradición es la única solución. Hemos tenido avances significativos fortaleciendo nuestras instituciones, como se demostró con la recaptura de uno de los delincuentes más buscados, lo que habla de resultados eficaces.

Sin embargo, ahora nuestra tarea deberá de ser seguir trabajando para fortalecer las leyes que garanticen que todo acto delincuencial sea castigado, porque la justicia debe ser la misma para todos.
Hablar de justicia necesariamente nos lleva a observar todo el daño que ha provocado la delincuencia organizada en millones de vidas de mexicanos.

Es tener presente a las miles de familias que han perdido a quienes eran su principal sustento, y con esto me refiero a los integrantes de los cuerpos de seguridad y fuerzas armadas, que han muerto en el cumplimiento de su deber.

Recuperar la confianza en el Estado Mexicano es también dar respuesta a las madres que han perdido a sus hijos a manos de delincuentes, y no hacer eco de una “narcocultura” mediatizando ni banalizando un fenómeno tan grave como es el narcotráfico.

Debemos trabajar por un Estado de Derecho que garantice que ningún crimen quede impune, y que se ejerza la misma justicia para todos.

Ana Lilia Herrera Anzaldo PRI

Aclaremos: el proceso de extradición de Joaquín Guzmán Lorea no inició con su recaptura el 8 de enero pasado. Fue el 25 de junio de 2014, cuando la Cancillería mexicana recibió una nota diplomática, a través de la cual Estados Unidos formuló la petición formal de extradición de este delincuente.

Se trata de un proceso estrictamente legal, que deberá seguir sus cauces, con base en hechos y en apego a la norma, más allá de dimes y diretes. Desde luego que infringir la ley amerita una sanción y este caso no puede y no debe ser la excepción, pero la lección para México es replantearse el fortalecimiento de sus sistemas de seguridad en los penales que han demostrado en dos sexenios, su vulnerabilidad ante el lastre de la corrupción y por el otro lado, cómo concretar una política de prevención de adicciones mucho más efectiva, que involucre al núcleo de la sociedad: las familias.

Aunque algunos lo pretendan, nadie puede regatear mérito y reconocimiento a los esfuerzos coordinados de nuestras instituciones de seguridad e inteligencia que lograron la reaprehensión del capo el 8 de enero pasado. El proceso de extradición está en curso y en él, México se ha apegado a la legalidad.

En este camino, deben darse pasos firmes con estricto apego a Derecho porque una de las lecciones que nos dejó el sexenio pasado es que nunca más un delincuente debe quedar en libertad porque se violó su derecho al debido proceso en aras de un efecto mediático.

Estados Unidos reclama a Guzmán Loera acusado por asociación delictuosa para importar y poseer con fines de distribución cocaína; delincuencia organizada, delitos contra la salud, lavado de dinero, posesión de armas de fuego homicidio, entre otros.

El Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Norteamérica, firmado el 4 de mayo de 1978, y que es vigente a la fecha (sólo con un Protocolo Modificatorio en 1997) establece el compromiso de las Partes a entregarse mutuamente, con sujeción a las disposiciones del propio tratado, a las personas respecto de las cuales las autoridades competentes de la Parte requirente hayan iniciado un procedimiento penal o que hayan sido declaradas responsables de un delito o que sean reclamadas por dichas autoridades para el cumplimiento de una pena de privación de libertad impuesta judicialmente, por un delito cometido dentro del territorio de la Parte requirente.

Corresponderá entonces a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) emitir los acuerdos correspondientes, una vez que los jueces emitan una opinión jurídica y turnen los expedientes a esa dependencia.

 

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