¿Debe quedarse el GIEI para continuar investigación de caso Iguala?

Tras varios meses de trabajo, los expertos llegaron a la conclusión de que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula como lo aseguró la PGR

Por Opinión semanal

Mariana Gómez del Campo

 

La desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, es un hecho gravísimo que no puede quedar en el olvido o al cual no puede darse “carpetazo”; a más de año y medio de la tragedia, en la que policías municipales, estatales y federales, así como otras autoridades, cometieron graves violaciones a derechos humanos en Iguala, ni los familiares de las víctimas ni la sociedad conocemos realmente lo ocurrió esa noche y el por qué. A lo más a lo que se ha llegado es a una “verdad histórica” cuestionada y sobre la que hay más discrepancias que coincidencias.  

Es indiscutible que las autoridades han sido negligentes en sus investigaciones, a lo que se debe sumar que el papel de la CNDH ha dejado mucho que desear, pues su intervención no ha pasado de meras observaciones y propuestas a la PGR contenidas en informes pero no ha llegado a emitir una recomendación formal tras tal cantidad de semanas.

Fue precisamente en el afán de colaborar con la investigación y abonar al esclarecimiento del Caso Iguala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nombró un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes a solicitud de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

Tras varios meses de trabajo, el GIEI llegó a la convicción de que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula como lo aseguró la PGR y que las confesiones realizadas por los presuntos responsables, en este punto no corresponden con las pruebas. Pareciera que el trabajo realizado por este Grupo llegó a incomodar a las autoridades por poner el dedo sobre la llaga.

Tras los casos de Tlatlaya, Tanhuato, Iguala y ahora con la revelación de un video donde elementos del Ejército y la Policía Federal torturaron a una mujer, es evidente que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se vive una situación grave de violaciones a los derechos humanos, que ya no parecen ser casos aislados sino que comienzan a convertirse en hechos sistemáticos.

Cerrar la puerta al escrutinio internacional, querer tapar el sol con un dedo o pretender esconder el polvo bajo el tapete no es la solución. México enfrenta una crisis severa tal como lo dio a conocer la CIDH en un informe a lo que se suma la preocupación manifestada también por el gobierno de los EEUU.

Es difícil concebir que no se permita que el GIEI continúe con su trabajo en México cuando no se ha arribado a una investigación concluyente. El gobierno federal equivoca al tomar esta decisión que levanta más sospechas en lugar de generar certezas. Prueba de ello es que un tercer peritaje realizado en el basurero de Cocula, permitió a la PGR aseverar que sí hubo un evento de fuego controlado y que al menos 17 seres humanos habrían sido incinerados allí. Sin embargo, en febrero de este año tras un peritaje, el Equipo Argentino de Antropología Forense dijo haber encontrado restos de 19 personas en el basurero, y de acuerdo a las pruebas realizadas por el EAAF, los restos óseos localizados no coincidían.

La obligada salida del GIEI es una mala señal que podría interpretarse como una puerta fácil hacia el olvido, lo que no podemos permitir. El GIEI dará a conocer un segundo informe el próximo domingo 24 de abril a las 10:00 horas, estaremos pendientes. Si algo requiere nuestro país es lograr que impere el Estado de Derecho y que se recupere la confianza de los ciudadanos hacia las autoridades, por desgracia, parece que este gobierno –fiel a su historia- a los mexicanos ni nos ve, ni nos oye.

Alejandra Barrales

Antes que todo, reitero mi solidaridad con el dolor de las madres, padres y familiares de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. No es posible siquiera intentar calificar lo que enfrentan, día tras día, desde la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron sus hijos.

Es por tal motivo que ha sido prioridad  buscar la manera de que casos como éste nunca vuelvan a ocurrir; además, se han abierto las puertas a todas las opciones que aporten a la investigación respuestas sobre la desaparición de los normalistas.

El pasado viernes 15 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio por terminada la encomienda del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que colaboró en la investigación del caso Ayotzinapa.

El GIEI, de acuerdo con lo anunciado, dará su último informe sobre el caso el próximo domingo 24 de abril. Todos y cada uno de sus integrantes contribuyeron ampliamente en la investigación, brindaron a las autoridades mexicanas mayores elementos para tratar de entender lo ocurrido, para brindar precisión en las pesquisas y promover mejoras para evitar que estos terribles hechos vuelvan a cometerse.

El cuestionamiento no debe ser sobre la permanecia del GIEI, sino qué es lo que sigue para dar una respuesta a las familias afectadas. Corresponde a las autoridades de nuestro país dar continuidad a las averiguaciones, profundizarlas y entregar resultados que satisfagan a la opinión pública y brinden la serenidad, que no han tenido por casi dos años, a las madres y padres de los jóvenes desaparecidos.

El caso Ayotzinapa, nadie puede negarlo, ha consternado al mundo. Como dijo el experto internacional en temas de seguridad, Eduardo Buscaglia, Ayotzinapa se convirtió en “el punto focal de la conciencia moral universal en este planeta”.

Las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada de personas no deben existir ni se deben tolerar en una democracia, en ningún país. La misma Organización de las Naciones Unidas advierte que la sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.

A principios de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a México reconocer la “gravedad de la crisis de derechos humanos que enfrenta” y no tratar de minimizarla hablando de casos aislados.

Hay que seguir avanzando, como se ha hecho hasta ahora, para seguir garantizando un Estado de Derecho en nuestro país, en donde se respeten las leyes, los derechos de las personas y se castigue a los culpables, sin importar quiénes sean. No podemos permitir más impunidad en México. Los ciudadanos nos merecemos mucho más y por ello debemos trabajar juntos.

Ana Lilia Herrera

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó el fin del acuerdo de asistencia técnica que estableció el Grupo Interdisciplinario  de Expertos Independientes (GIEI) con el gobierno mexicano, por lo que concluirá su mandato el próximo 30 de abril.

Hay que recordar que derivado del convenio entre el gobierno y los expertos no se planteó la posibilidad de renovar su estancia, pues el primer periodo de ampliación pasó de 4 a 6 meses.

Los expertos llegaron a México el 2 de marzo de 2015 y su estancia se prolongó hasta el mes de septiembre. Posteriormente el gobierno concedió un segundo periodo de estancia, que terminará el próximo 1 de mayo.

Vale referir que tanto su estancia como sus labores de investigación le han representado al gobierno mexicano un costo de un millón 300 mil dólares, según información de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y se estima que alcance el millón y medio de dólares.

Las actividades de coadyuvancia en la investigación del grupo de expertos que, por cierto, fue solicitada por el propio gobierno federal, se centró en investigación y atención de las víctimas, siempre bajo el respeto absoluto de la administración federal.  

Aunque la labor de investigación de los expertos no aportó elementos novedosos a los avances alcanzados por las autoridades en la investigación, debe quedar claro que el hecho de que el órgano externo concluya su trabajo, no significa que ocurra lo mismo con la investigación de los jóvenes desaparecidos en Iguala; la búsqueda de la verdad continúa.

Será a través de las instituciones del Estado mexicano que seguirá la investigación con base, también, en los datos aportados por el GEIE, pues al final son las acciones y no las declaraciones, las que dan valor a los hechos.

En ese sentido, nadie puede regatear el alto nivel de responsabilidad por parte de las autoridades federales ya que se allanaron a la búsqueda de indicios que conllevaran a una conclusión definitiva sobre lo ocurrido.

Aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH confirmó de manera oficial al gobierno de México la conclusión del mandato del GIEI, el Estado mexicano ha externado su compromiso de mantener la búsqueda de los jóvenes.

Se trata de una investigación sin precedentes para las instituciones del Estado mexicano no solo por su profundidad, sino por la cantidad de personas que han participado en ella, tanto nacionales como extranjeros. Sin embargo, la información encontrada no ha sido suficiente para cerrar el caso con una conclusión que nos diga  a todos los mexicanos la verdad de lo que ahí pasó.

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