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Columna de las Senadoras: ¿Qué responderles a las mujeres ante manifestaciones como el movimiento #VivasNosQueremos y la lucha contra el acoso sexual?

Mariana Gómez del Campo, PAN

Nuestra sociedad vive en una constante contradicción, rinde honores como ningún otro país a las madres pero es alarmante que, por otro lado, el 40% de las mujeres hayan sufrido algún episodio de violencia en sus vidas, cifra que alcanza el 76% durante el noviazgo.  

La violencia no sólo son lesiones físicas o la privación de la vida sino que tiene múltiples rostros como los daños psicológicos, las alteraciones del desarrollo, el abandono, la discriminación, el acoso sexual y el acoso laboral.

La batalla que libramos las mujeres para emparejar el terreno se está dando a nivel mundial. Hay disparidades hasta en materia de leyes, según la ONU hay al menos 119 países que ya cuentan con leyes sobre violencia doméstica, en 125 las hay sobre acoso sexual pero sólo en 52 sobre violencia conyugal y en un número pequeño para sancionar la violencia en el ámbito laboral donde 7 de cada 10 víctimas de violencia son mujeres.

Para entender el fenómeno, les comparto algunos datos: 27% de las mujeres sufrieron violencia con su pareja; 22.6% enfrentó violencia en su trabajo; 15.5% fue víctima de violencia comunitaria; 3.4% en el ámbito familiar y 1.0% en la escuela.

La marcha de la que fuimos testigos hace unos días se enmarca en un contexto específico y simbólico, en 2016 cumplimos 100 años del inicio de las más grandes transformaciones políticas y sociales de las mujeres: el reconocimiento de nuestros derechos político-electorales surgieron primero en 1916, en Chiapas, Tabasco y Yucatán donde se reconoció por primera vez la igualdad jurídica para que la mujer pudiera votar y ser votada en puestos públicos de representación. Es increíble lo que hemos logrado a 100 años de distancia, pero también es preciso hacer un balance para identificar todo lo que aún hace falta.

Contar con mejores condiciones para la representación política debe traducirse en cambios más rápidos y contundentes en nuestra vida social, jurídica y económica. Tenemos que hacer lo que está en nuestras manos para detener la inconcebible realidad donde una mujer es víctima de violencia sexual en México, cada minuto.

La marcha de hace unos días es una enorme y valiosa muestra de que alzar la voz es una condición necesaria para llamar la atención sobre las tragedias de nuestros días, pero no es suficiente. Hay que actuar.

Actuar en lo individual para denunciar, para romper con el miedo y el silencio, para acabar con la desinformación que nos lleva a la parálisis. Tenemos que luchar en contra de la discriminación salarial, contra los abusos en el ámbito laboral tanto en las oficinas de gobierno como en las empresas privadas, actuar para no permitir humillaciones y malos tratos.

En esta lucha cuenten conmigo y con los senadores del PAN, si requieren asesoría o acompañamiento legal basta con que estemos en contacto a través de mi cuenta en Twitter @marianagc y del correo mariana@marianagomezdelcampo.mx

Alejandra Barrales, PRD

Cada día, en México mueren siete mujeres víctimas de la violencia. De acuerdo con la ONU, nuestro país se ubica actualmente entre los 20 peores lugares para las mujeres, en términos de violencia de género.
Datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, del Sistema de Procuradurías Estatales y del Inegi, revelan que 63% de las mujeres mayores de 15 años ha vivido algún incidente de violencia; que tan solo en 2015 fueron asesinadas un promedio de siete mujeres por día, y que en casi siete de cada diez casos los responsables fueron sus cónyuges o familiares.

Por los niveles de violencia que hemos alcanzado, a México se le compara ya con algunas de las naciones más pobres de África subsahariana, como Uganda y Guinea Ecuatorial, en donde persisten prácticas como la mutilación genital femenina.

Por desgracia, no se trata de un problema local. En el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, y la mayoría fue por parte de su pareja sentimental.

Asegurar a las mujeres un mundo libre de violencia no es un privilegio, es una obligación de las autoridades que no se debe —ni debemos permitirlo— postergar.

México requiere poner en marcha acciones urgentes y concretas para superar los rezagos en esta materia y garantizar, de forma efectiva, los derechos de las mujeres en todos los ámbitos.

Es urgente contar con leyes en todo el país que garanticen castigo a cualquier forma de violencia de género, desde la verbal y sicológica, hasta la física que, de no prevenirla a tiempo, puede llegar a la muerte. Si bien se han dado importantes pasos a favor de la igualdad, México requiere armonizar sus leyes porque, en la actualidad, la mayoría no responde a los estándares internacionales en la materia.
Pero sobre todo, solo hay una forma de evitar la violencia de género, de fondo y verdaderamente atacando este problema desde las raíces,  y esto es a través de la educación.

Desde la primera infancia, en nuestras escuelas, debemos garantizar, primero, un espacio libre de violencia para que nuestras niñas y niños se desarrollen en un ambiente que impulse sus habilidades y capacidades, pero también que brinde a los padres la certeza de que las escuelas son el lugar más seguro en donde pueden dejar a sus hijos para que reciban una educación de calidad.

Un ambiente de seguridad y una formación académica en la que se integren valores como equidad, justicia, respeto y pluralidad, a lo largo de los diferentes niveles educativos, guiarán y fortalecerán a una generación de hombres y mujeres con un sentido crítico de la realidad y comprometidos con los derechos humanos de todas y todos.

La educación, no hay que olvidarlo, es una poderosa arma contra la violencia.

Nosotros, como madres y padres de familia, también somos una parte fundamental en la educación contra la violencia, por lo que debemos educar a nuestras hijas e hijos en condiciones de igualdad, enseñándoles que no se debe tolerar ninguna forma de violencia y que ambos, tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos, libertades y oportunidades.

Debemos evitar la violencia desde nuestros hogares y denunciarla cuando se presente, de lo contrario también seremos cómplices de ella.

 

Ana Lilia Herrera Anzaldo, PRI
Que no bajemos  la guardia; son legítimas las exigencias de varias agrupaciones de mujeres que salieron
a las calles a manifestar su inconformidad por las reiteradas y sistemáticas prácticas de acoso de las que son objeto tanto en la vía como en el transporte público. Tienen razón.

El acoso hacia niñas y mujeres, en cualquiera de sus manifestaciones, lastima y agravia a toda la sociedad.

Entre las exigencias que expresaron las mujeres que se movilizaron en varias ciudades del país se encuentran también el cese al favoritismo judicial hacia los hombres en proceso penales, capacitación en materia de violencia de género en instituciones públicas; oportunidades de empleo y de trabajo seguras, y desde luego, mecanismos para combatir el machismo en el país.

El acoso sexual, sumado a la discriminación y a las manifestaciones de violencia hacia el género femenino, se traducen en obstáculos para el desarrollo pleno de una sociedad.

Hoy México se ha puesto a la vanguardia para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres a través de diferentes vías, entre otras, la paridad en candidaturas a puestos de elección popular.

La lucha contra el acoso y la violencia hacia las mujeres no tiene colores partidistas, ni puede seguir siendo un botín político.

Justamente por esa razón el combate a la violencia y la alerta de género deben verse como una oportunidad y llamado a las instituciones para trabajar en favor de la seguridad, protección y tranquilidad de las mujeres.

Desde 2007 tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyo objeto es proteger el derecho de las mujeres y las niñas a vivir una vida libre de violencia, estableciendo las bases de coordinación para la prevención, protección y asistencia a las mujeres y niñas para erradicar la violencia que se ejerce contra ellas.

Ese trabajo de coordinación se atiende desde los niveles del gobierno federal, estatal, municipal, teniendo como marco la obligación del Estado para realizar todas las acciones necesarias y contundentes que garanticen la seguridad e integridad de las víctimas mediante el otorgamiento de órdenes de protección y la intervención policial correspondiente.

Como Estado y sociedad tenemos la obligación de contribuir a eliminar toda forma de agresión: psicológica, física, patrimonial, económica y sexual; y en esa tarea también deberíamos exigir a varios medios de comunicación que dejen de reproducir estereotipos y contenidos que ofenden la dignidad de las mujeres y que están muy lejos de ser chistosos.

Si aspiramos a ser en lo económico una sociedad fuerte y desarrollada, en lo social debemos acabar integralmente con cualquier forma de violencia en todos los ámbitos de la vida: familiar, escolar, laboral, comunitaria e institucional.

Lo anterior exige todo un proceso que incluye capacitación a varones, combate al feminicidio y trata de personas; y campañas permanentes de concientización para que no sea vista como algo natural, inercial y ordinario. No lo es y nunca debe serlo.

La violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, es inaceptable ya que atenta contra valores y derechos fundamentales; y debe verse como una conducta reprobable, que en algunos casos constituye un delito que debe perseguirse y además castigarse, independientemente si la víctima es hombre o mujer.

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