¿Cómo interpretar el impeachment a Dilma Rousseff?

La lección para América Latina y en especial para México es que nuestros marcos legales deben contener mecanismos de revocación de mandato

Por Opinión semanal

Mariana Gómez del Campo, PAN

La corrupción en Brasil representa un problema que se ha arraigado en el sistema político brasileño; las elecciones de 2014, donde fue reelecta Dilma Rousseff, se desarrollaron en medio del mayor escándalo de corrupción de la historia del país sudamericano, el caso de Petrobras que logró llevar ante las autoridades a las élites políticas, manchó al Partido de los Trabajadores y parece haber justificado el proceso en contra de la Presidenta.

El impeachment es una figura jurídica anglosajona que alude al procedimiento aplicado contra los expresidentes estadounidenses Richard Nixon y Bill Clinton, en el que el Congreso procesa al titular del Ejecutivo por actividades ilegales o irregulares. Sin embargo, la figura brasileña contempla además de causas penales, los llamados “crímenes de responsabilidad”.

Los legisladores brasileños, de los cuales el 60% son investigados debido a conductas indebidas o afrontan cargos de corrupción, acusan a Rousseff por utilizar las “pedaladas fiscales”, término utilizado para señalar una maniobra contable del gobierno que sirvió para dar la impresión de que se recaudaba más de lo que se gastaba, cuando la realidad era diferente, pues el gobierno no estaba pagando a los bancos públicos ni privados que financiaban programas sociales; una maniobra utilizada usualmente por los gobiernos brasileños.

Cabe señalar que Dilma no está acusada de ningún caso de corrupción.

Sin duda, Brasil se encuentra en una transformación política, las coaliciones de antaño se están disolviendo y se forman otras que hasta hace unos meses serían impensables; la población está polarizada, prueba de ello es que Dilma fue reelecta en 2014 con 51.64%, apenas 3.28 puntos más que Aécio Neves con quien disputó la segunda vuelta; hoy, esa fragmentación la vemos en las calles de Brasil ejemplificada por manifestaciones multitudinarias a favor y en contra de la mandataria.

La lección para América Latina y en especial para México es que nuestros marcos legales deben contener mecanismos de revocación de mandato y estos deben ser perfectamente claros. Si los ciudadanos eligen a sus gobernantes también deben tener el poder para quitarlos del puesto, evidentemente la apuesta siempre debe ser por tener estabilidad política pero debe proceder la revocación ante flagrantes casos de corrupción, abuso de poder o graves violaciones a derechos humanos.

En una región que ha sido azotada por el autoritarismo en el pasado como es América Latina, es importante fortalecer la participación ciudadana que permita controlar a las autoridades por medio de instrumentos como el referéndum revocatorio impulsado en Venezuela, pero al mismo tiempo, debemos ser cuidadosos cuando existan procedimientos que a todas luces son totalmente políticos, como el que se desarrolla en Brasil, para evitar que la democracia sea vulnerada.

Alejandra Barrales, PRD

Apenas el 13 de mayo, la ONU advirtió que la situación económica de Brasil se encontraba en una recesión “más larga y profunda” de lo que se esperaba, pronosticando una baja en su actividad económica de 3.4% este año. A esto se suma que el Fondo Monetario Internacional (FMI), advirtió que la economía brasileña se encogerá 8% entre 2015 y 2017. Esto, sin duda, repercutirá no sólo a nivel local y regional, sino continental.

Ahora, la nación enfrenta también un panorama político incierto, producto de una serie de factores que van desde el propio gobierno, hasta la existencia de más de 30 partidos, cuyos principales protagonistas han sido implicados en diversos casos de corrupción.

Sin embargo, la corrupción no es un tema sólo de Brasil, se ha convertido en un flagelo a nivel global. De acuerdo con el FMI, cada año en el mundo se mueven entre mil 500 y dos mil millones de dólares en sobornos.

Es urgente combatir la corrupción, desde todos los frentes, sin importar posición social, económica o ideológica, y más aún, sin distinción de sexo. ¿Y por qué digo esto? Porque no deja de ser extraño que cuando una mujer es quien se ve  implicada en una acusación, es investigada o señalada de algún presunto delito, las reacciones y el escándalo son mayores que cuando el protagonista es un hombre.

Si bien el problema es que la corrupción en Brasil ha alcanzado niveles alarmantes, también hay hombres involucrados; el mismo presidente de la Cámara de Diputados que se encargó de aceptar la denuncia contra Dilma Rousseff, está suspendido y enfrenta varias denuncias por cobro de sobornos y ocultamiento de cuentas en el exterior.

El recién nombrado presidente interino, Michel Temer, ha sido acusado de malas prácticas y corrupción, y siete integrantes de su nuevo gobierno también son investigados. En síntesis, Brasil enfrenta lo que muchos expertos han llamado “una crisis de legitimidad de la clase política”.

Corresponderá a las autoridades determinar si hubo delito y proceder en consecuencia. Sin embargo, lo importante es que se actúe de manera imparcial, pues lo que se percibe al interior y exterior del país, entre activistas, analistas locales y extranjeros, es que la suspensión de Rousseff tiene tintes de violencia política de género.

Esto se acentúa más con la integración del nuevo gobierno de Michel Temer, en el que no hay ni una sola mujer, algo que no había ocurrido desde tiempos del régimen militar, el último de Ernesto Geisel (1974-1979). Sin duda es un preocupante retroceso no sólo para Brasil, sino para toda América Latina, y no podemos perderlo de vista ni dejar que se repita en ningún país del continente.

Hemos avanzado de manera importante a favor de los derechos de las mujeres, en contra de la violencia, pero aún es asignatura pendiente la lucha contra la violencia política de género. Está comprobado que la democracia y el desarrollo para el bienestar de todos, permanecerán en riesgo mientras las mujeres continúen siendo marginadas de la toma de decisiones políticas de alto nivel.

Ana Lilia Herrera Anzaldo, PRI

El reciente proceso de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien fue suspendida por 180 días y deberá afrontar un juicio político merece, ante todo, profundo respeto y confianza en el desarrollo institucional de esa nación latinoamericana.

Cabe aclarar que Dilma Rousseff no está acusada por actos de corrupción estrictamente hablando, sino que ha sido separada para enfrentar una investigación por su responsabilidad fiscal en las cuentas públicas. No obstante el rumbo que tome la investigación y más allá de emitir juicios anticipados sobre la incursión de intereses internos o externos en esa nación, lo importante es valorar el impacto en la estabilidad para toda la región latinoamericana.  

Junto con México, Brasil integra las dos economías más importantes de América Latina.  Actualmente el comercio binacional asciende a 9 mil millones de dólares anuales y está basado en el intercambio de bienes manufacturados e industrializados, fundamentalmente automóviles.

Recordemos que en el marco de la primera visita a nuestro país de la presidenta Dilma Rousseff -en mayo del año pasado-, los mandatarios de ambas naciones acordaron profundizar el Acuerdo de Complementación Económica para mejorar el trato arancelario así como ampliar la gama de mercancías comprendidas en ese acuerdo para incrementar el intercambio de productos industriales y agrícolas.

Mediante ese acuerdo, no sólo se extendieron los cupos arancelarios permitidos por Brasil para la importación de automóviles procedentes de México;  sino que se incluyeron temas de propiedad intelectual, servicios y comercio electrónico.

Todo ello, con miras al restablecimiento del libre comercio hacia 2019, bajo la premisa de que México representa un socio estratégico para Brasil, no sólo dentro de la región latinoamericana, sino en la Unión Europea.

Otro dato: México y Brasil generan 62% del Producto Interno Bruto en toda la región latinoamericana y del Caribe, y casi 60% de las exportaciones de la región latinoamericana y el Caribe hacia el resto del mundo.

En febrero de este año, se llevó a cabo la III Reunión de la Comisión Binacional México-Brasil, que constituye el principal foro de diálogo político y de cooperación permanente entre ambos países, donde se analizaron los temas de cooperación en los ámbitos político, económico, educativo, cultural, técnico y científico.

De esa III Reunión de la Comisión Binacional, se acordó  celebrar durante el segundo semestre de este 2016 la primera reunión de la Comisión Técnica sobre Cooperación para Prevenir y Combatir el tráfico de migrantes y de personas; fortalecer el intercambio entre  autoridades competentes contra el narcotráfico, la farmacodependencia y sus delitos conexos.

En el ámbito multilateral, destacó el compromiso por aumentar el diálogo entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, fortalecer a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), consolidar a la Conferencia Iberoamericana y promover mecanismos para la integración regional.

Desde el establecimiento de sus relaciones diplomáticas, en 1825, ambos países han acreditado que los unen lazos entrañables de amistad y cultura. No comparten fronteras pero sí las inversiones recíprocas y las oportunidades económicas y de empleo que éstas conllevan, con el propósito común de asegurar un desarrollo promisorio para sus sociedades.

El momento político que vive Brasil llama a la reflexión. México seguirá con mucha atención los movimientos que definan la separación definitiva o no, de su presidenta, pero ambos pueblos, mexicanos y brasileños estamos convencidos de las fortalezas bilaterales y afectos que nos unen.

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