Mariana Gómez del Campo, PAN
Las reformas estructurales eran necesarias para México, por muchos años estuvieron detenidas por decisión del PRI cuando fue oposición en el Congreso. Sin embargo, pareciera que ahora que son gobierno y que contaron con el respaldo de los demás partidos para impulsar las transformaciones que el país necesitaba, les ha faltado capacidad para aplicarlas y lamentablemente la única con resultados (pero adversos) ha sido la reforma fiscal a la que el PAN se opuso porque sabíamos que iba a terminar afectando a los contribuyentes, a los cautivos, a los mismos de siempre.
La Reforma Educativa desde mi punto de vista era la más importante, porque tenía que ver con la mayor inversión que puede hacer un país, la inversión en su infancia y en los jóvenes. Dos eran los objetivos fundamentales: aumentar la calidad de la educación y recuperar la rectoría del Estado en el sistema educativo; una reforma necesaria para contrarrestar un modelo clientelar y corporativista que durante muchos años dio rendimientos políticos para los grupos de interés pero nulos para la mayoría de los mexicanos.
El jueves pasado, el Secretario de Educación Pública anunció el despido de más de tres mil profesores de la sección XVIII de la CNTE, perteneciente al estado de Oaxaca, ya que se habían ausentado por más de tres días de sus centros educativos. Ahora nos quieren hacer creer que esta es una acción de “mano firme” que debe aplaudirse cuando en realidad es una acción que debía ejecutar por ley. No sólo eso, es una acción parcial y tardía porque han ocurrido muchos episodios en otras entidades donde los maestros también se han ausentado de las aulas por cuestiones políticas. No se nos puede olvidar el plantón que mantuvieron muchos de ellos desde 2013 hasta hace unos días en el Monumento a la Revolución.
Los ciudadanos estamos cansados de pseudo-profesores que se dedican a defender intereses de las cúpulas sindicales y no en dar a sus alumnos una educación de calidad. De maestros que evalúan a sus alumnos pero que no quieren ser tocados ni con el pétalo de una evaluación de su propio trabajo.
Es lamentable que un ente como la CNTE apueste por la violencia, la resistencia a la ley y al desorden a costa del futuro de miles de niños de estados como Michoacán, Oaxaca y Guerrero, donde por cierto, tienen los niveles más bajos de profesionalización docente y de permanencia estudiantil a nivel primaria y secundaria, según el índice de Desempeño Educativo Incluyente (IDE) que elabora la organización Mexicanos Primero.
No todos los profesores han abandonado las aulas, la SEP estimó que sólo el 18% por ciento de alrededor de 9 mil escuelas de nivel básico están en paro. Incluso, pese a que profesores de la CNTE han cerrado escuelas, hay quienes siguen impartiendo clases bajo los árboles, en la banqueta o hasta en salones de fiestas. Eso sí es tener vocación para el magisterio.
Esperamos que el gobierno utilicé todos los recursos que tiene a su disposición para hacer valer la ley, no para negociar con ella. No hay forma en que la sociedad mexicana valide regresar a un sistema clientelar que está agotado; la administración actual tiene la oportunidad de demostrar, si tiene o no capacidad para aplicar las reformas estructurales que tarde, pero llegaron.
Alejandra Barrales, PRD
Desde que asumí la Secretaría de Educación de la Ciudad de México mi compromiso con los niños, niñas y jóvenes, así como con las maestras y maestros, ha sido impulsar y garantizar una educación de calidad para todos. Tengo la certeza de que la educación es la única herramienta de transformación que garantizará a todos los mexicanos un mejor futuro.
Por generaciones, ser maestro fue sinónimo de respeto, de sabiduría, de autoridad en nuestras comunidades.
Sólo de la mano de nuestras maestras y maestros podremos lograr verdaderos cambios en la educación de nuestro país, porque ellos son el principio de la cadena del aprendizaje.
Si queremos avanzar es necesario seguir apoyando a nuestros profesores, brindarles programas de capacitación que les permitan adaptarse a los nuevos tiempos, a la realidad que viven nuestros jóvenes, pero también redignificar su labor y que nuestro sistema educativo opere con base en acuerdos que se vean materializados en resultados.
La enseñanza en México aún presenta deficiencias y difícilmente un sistema fragmentado será capaz de subsanar los defectos y necesidades apremiantes. Todos y cada uno de nosotros, quienes integramos el sistema educativo, debemos funcionar en unidad teniendo siempre presente que nuestros actos y decisiones tienen consecuencias sobre el sector más importante del país: los niños y los jóvenes.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para los mexicanos la educación es nuestra principal preocupación, incluso por encima de factores como la seguridad y la salud.
En el gobierno capitalino estamos convencidos de que el camino más corto y directo para resolver problemas es mediante el diálogo. Prueba de ello es que por primera vez en la Ciudad de México hemos estrechados lazos con el sector magisterial y hemos acompañado a los maestros para su profesionalización, en beneficio de ellos mismos pero también de los estudiantes. Tenemos la certeza de que un profesor realizado, una docente con mejor calidad de vida, harán a un lado las preocupaciones de casa para centrar sus esfuerzos en su trabajo, con sus alumnos.
Los problemas de la educación no se arreglan faltando a las aulas pero tampoco polarizando posiciones, hay que encontrar un punto de acuerdo para hallar una solución.
La educación no es un lujo, es un derecho, una necesidad impostergable. Solamente con niños y jóvenes bien preparados lograremos sentar bases sólidas para mejorar la calidad de vida en la ciudad y el país.
Nuestros maestros, los que tienen vocación de servicio y de enseñanza, saben la importancia de aprovechar cada hora, cada día, cada ciclo escolar, para formar a los futuros profesionistas. Perder un día de clases significa dejar de aprender algo, perder la oportunidad de crecer intelectual y emocionalmente. Nuestros niños y jóvenes no lo merecen y es por ellos que, a través del diálogo, debemos alcanzar acuerdos.
Ana Lilia Herrera Anzaldo, PRI
La pregunta debería ser ¿por qué un grupo de maestros no acudieron a evaluarse? ¿por qué se han opuesto sistemáticamente a esos procesos? sabiendo que la propia Ley General del Servicio Profesional
Docente establece la evaluación como obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio, mediante concursos que garanticen la idoneidad de los conocimientos y las capacidades necesarias.
Y no sólo eso, la reforma educativa establece que cuando el resultado de la evaluación sea insuficiente, el personal se incorporará a programas de regularización y tendrá la oportunidad de sujetarse a una segunda evaluación en un plazo no mayor a 12 meses.
De ser nuevamente insuficiente el resultado en la segunda evaluación, el evaluado se reincorporará a los programas de regularización para sujetarse a una tercera evaluación que se llevará a cabo en un plazo no mayor de doce meses. Y en caso de que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa.
Vale la pena preguntarnos ¿qué intereses personales o de grupo pospusieron por décadas la reforma educativa? Por fortuna hoy es una realidad y según ha informado la propia Secretaría de Educación Pública en la evaluación del desempeño docente participaron 139 mil 140 profesores, que representan 90 por ciento de la meta.
De las evaluaciones aplicadas en 28 entidades, 48.5 de los maestros tuvieron resultados Excelente, Destacado y Bueno; 37.6, Suficiente; 14.1 por ciento Insuficiente; aunque hay evaluaciones pendientes en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, que se realizarán este año.
Así que fueron dados de baja del servicio educativo a partir del 1° de marzo sólo 3 mil 360 maestros que no se presentaron a ninguna etapa de la Evaluación de Desempeño Docente.
Absolutamente nadie puede poner en duda que ese modelo de evaluación beneficia a maestros y alumnos, y dar marcha atrás en su implementación sería atentar contra el presente y futuro de generaciones completas.
Recordemos que tras la discusión de 26 amparos contra la Reforma Educativa interpuestos por integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) –quienes argumentaron que las modificaciones constitucionales vulneraban sus derechos laborales– la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en forma contundente que el derecho de la niñez a una educación de calidad está por encima de los derechos laborales.
México está empeñado en abatir la desigualdad. Para lograrlo requerimos desterrar la cultura de los privilegios; y que la ley se aplique sin distinciones para que, desde la escuela, sean el esfuerzo y la capacidad, los generadores de mejores oportunidades.
La relevancia de la evaluación a los docentes puede medirse en el cambio de paradigma que implica que en este país por primera vez los ascensos se obtengan con base en el mérito de cada maestra y maestro de México, dejando atrás la cultura del privilegio a través del compadrazgo, el parentesco o la corrupción.
Con responsabilidad, firmeza, y en cumplimiento de lo que establece el marco legal, el Estado mexicano está superando los obstáculos y bloqueos que impedían brindar una educación de calidad en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas.
El objetivo de la Reforma Educativa es dar a cada niño y joven de México, las herramientas que les permitan labrarse un mejor futuro, y no, como se ha querido desvirtuar, afectar a los maestros.
De todas las materias y derechos que aborda nuestra Constitución, muy probablemente el que se traduce en una auténtica palanca de desarrollo es la educación; pues su calidad, inclusión, gratuidad exige a todos responsabilidad y compromiso para dotar a las futuras generaciones de las herramientas que les permitan enfrentar un entorno más competitivo.
