Mariana Gómez del Campo, PAN
La corrupción es un cáncer para la sociedad mexicana y sus consecuencias están plasmadas en su etimología que denota “hacer pedazos”; justo esa es la consecuencia que tiene en las instituciones; las colapsa. Datos del CIDE señalan que las instituciones que se perciben como más corruptas son: partidos políticos (91%), policía (90%), funcionarios públicos (87%), Poder Legislativo (83%) y Poder Judicial (80%).
Según el Índice de Percepción sobre Corrupción 2015 de Transparencia Internacional, México se encuentra en el lugar 95 entre 167 países, con una puntuación de 35, donde 100 representa que se percibe ausencia de corrupción y 0 se percibe como muy corrupto. Sin duda estamos más que reprobados.
El estudio México: Anatomía de la Corrupción del IMCO señala que la corrupción es un lastre por los enormes costos económicos, políticos y sociales. Tan sólo económicamente, en México la inversión es hasta 5% menor, hay una pérdida de 5% en los ingresos de las empresas, se pierden 480 mil empleos al año de los millón y medio que necesitamos y los hogares destinan el 14% del ingreso promedio anual a pagos extraoficiales.
Frente a este oscuro panorama, la sociedad civil impulsó la llamada “Ley 3 de 3”, con el propósito de que todos los funcionarios públicos estén obligados a hacer pública su declaración fiscal, de intereses y patrimonial.
En Acción Nacional la concebimos como una propuesta fundamental que debía integrarse dentro de un sistema completo. Por eso, presentamos un paquete de 7 leyes y reformas que integraron el Sistema Nacional Anticorrupción, una estrategia para solucionar el problema de raíz: definiendo las conductas esperadas y estableciendo obligaciones claras a los funcionarios, se tipificaron los actos de corrupción como delitos y ya no sólo como hechos administrativos; creamos un sistema de pesos y contrapesos durante el procedimiento sancionador, se fortalecieron las instituciones y se fijaron sanciones a entes privados que realicen prácticas de corrupción y, una plataforma de denuncia descentralizada y autónoma.
Hay que decir las cosas como son: el PRI-Gobierno no quiso entrarle al tema antes de la jornada electoral, pensando que no era conveniente hablarle a los mexicanos de este tema antes de la elección en el momento en que se estaban cuestionando administraciones tan desastrosas como el caso de Veracruz.
Esto generó una enorme desconfianza en la sociedad y podría explicar, en parte, el costo que tuvo que asumir el partido en el poder . Una vez que sufrieron la derrota del 5 de junio, las condiciones cambiaron y en el Congreso transitó la discusión de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.
Ningún mexicano va a olvidar el penoso episodio durante la votación de la reserva al artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a favor de la máxima publicidad de las declaraciones de la Ley 3 de 3; El PRI-PVEM y el PT demostraron que no entendieron el mensaje enviado por los ciudadanos en las urnas, terminaron bloqueando este tema.
Lamentablemente, estos partidos evadieron su responsabilidad con la sociedad bajo argumentos falaces. Hoy es más claro que nunca, la sociedad cambió, los electores tienen en sus manos la posibilidad de premiar o castigar, hoy se puede elegir a candidatos independientes o se puede votar por la oposición si ofrece mejores gobiernos y transparencia.
La aprobación de este paquete de leyes, a pesar de no contar con todas las consideraciones deseadas, es un enorme paso al frente. Es un hecho histórico que dejó claro que se puede lograr mucho cuando el Poder Legislativo trabaja de la mano y con el respaldo de la sociedad civil.
Es una señal clarísima de México al mundo, que deja clara la expectativa de un país más democrático y transparente, que refuerza en la sociedad la aspiración de una clase política que se dedique a servir y no a servirse. Ahora tenemos una plataforma legal, sanciones, instituciones y espacios para la participación ciudadana que sin duda van a cambiarle el rostro a los gobiernos en los años por venir.
Alejandra Barrales, PRD
Quienes menos tienen terminan pagando el precio más alto de la corrupción.
La gente está cansada de pagar “cuotas” que sólo exhiben la insensibilidad que existe entre autoridades y la realidad del ciudadano común. Como resultado de este hartazgo, académicos y organizaciones civiles redactaron una ley, llamada #3de3, misma que la sociedad respaldó y firmó, enviándola al Congreso de la Unión para su análisis, discusión y aprobación. Fueron 634 mil ciudadanos los que firmaron la ley #3de3. Un hecho sin precedentes en nuestro país.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), ha advertido que el costo de la corrupción anualmente es de 890 mil millones de pesos, esto significa que diario una persona paga alrededor de 165 pesos, ya sea por “mordidas”, por “agilizar trámites”, por “sobornos”, etcétera, lo que se convierte en un impuesto regresivo para todos los mexicanos.
Las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, aprobadas el pasado 14 de junio, con 116 votos a favor, y entre las cuales se incluyen la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la iniciativa ciudadana 3de3, buscaban, sin duda alguna, recuperar la confianza de los ciudadanos en sus políticos y en sus instituciones.
Sin embargo, la iniciativa ciudadana 3de3, sometida a la votación en el pleno del Senado, ha sido muy cuestionada, debido a que varios legisladores votaron en contra de los formatos originales que establecían máxima publicidad y detalle de sus declaraciones patrimoniales y fiscales. Ahora, como resultado de la ley aprobada, un funcionario puede o no declarar, y si decide hacerlo no será obligatorio detallar ni especificar el patrimonio declarado a menos que él así lo autorice o un comité coordinador, a propuesta de un comité ciudadano.
Sin embargo, no debemos perder de vista que, aunque modificado, lo aprobado en el Congreso de la Unión constituye un gran logro, un cambio a las leyes que permitirán por primera vez operar un sistema anticorrupción, vigilado por ciudadanos y abierto al escrutinio público.
Como servidores públicos es nuestro deber con la sociedad refirmar la confianza que nos ha dado, con un modelo de gobierno transparente y abierto que actúe de manera eficaz y efectiva.
Esas 634 mil personas que apoyaron la iniciativa ciudadana para llevar la ley #3de3 al Congreso de la Unión, tengan la certeza de que esto sólo ha sido el primer paso para seguir organizándonos como sociedad, para seguir avanzando en beneficio de nuestra ciudad y del país.
Es mayor el clima de desconfianza que se genera al no ser transparentes, que el que surge de la propia inseguridad. Si queremos cambiar verdaderamente las cosas y lograr avances para combatir la corrupción, debemos de poner el ejemplo.
Ana Lilia Herrera Anzaldo, PRI
A la transparencia y a la rendición de cuentas no se les deben imponer límites. Por eso el hartazgo social expresado en la exigencia ciudadana de la “Ley 3 de 3” encontró impulso en la aprobación de una nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La obligación de hacer públicas las declaraciones patrimonial, de intereses y de impuestos es sólo una parte de un esfuerzo mucho más amplio para establecer políticas públicas y procedimientos en todos los órdenes de gobierno para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción.
Ese paquete anticorrupción –integrado, además, por la Ley que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, y las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley Orgánica de la PGR y al Código Penal Federal– conforma por primera vez en la historia de nuestro país un marco jurídico derivado de una propuesta ciudadana.
La “Ley 3 de 3” cuyo procedimiento se encuentra incluido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas es perfectible, sin embargo, nadie puede regatear que como producto legislativo, otorga al ciudadano un poder controlador como no sucede en ninguna otra parte del mundo, pues el Sistema
Nacional Anticorrupción será encabezado por un Comité Ciudadano e, incluso, fue reconocido por Transparencia Internacional.
El sistema en su conjunto privilegia la rendición de cuentas y la fiscalización de absolutamente todos los servidores públicos de los órdenes de gobierno federal, estatal, municipal y de las alcaldías en la Ciudad de México.
La presentación y publicidad de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal de los servidores públicos, son ahora una obligación legal de la que nadie –en el servicio público- podrá sustraerse.
En un compromiso ineludible con la sociedad, la determinación de los formatos mediante los cuales se harán las declaraciones, será decisión del futuro Comité Ciudadano, quien impondrá un mandato claro a todo servidor público.
Además se definió que será mediante una Plataforma Digital conformada por 3 sistemas que incluirán: 1) evolución patrimonial y de declaración de intereses, declaración fiscal; 2) servidores públicos sancionados; y 3) denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción.
Se trata de una respuesta del Poder Legislativo a una exigencia de más de 634 mil ciudadanos para que la rendición de cuentas y la fiscalización de los recursos públicos sean la regla y no más la excepción; para que la ciudadanía pueda conocer –mediante un registro nacional– información puntual y fidedigna sobre los servidores públicos que intervengan en contrataciones públicas.
También aprobamos endurecer los castigos y combatir la impunidad en contra de funcionarios públicos que cometan actos como sobornos, ilícitos administrativos, tráfico de influencias y utilización de información falsa, entre otros delitos ya tipificados.
El Poder Legislativo oyó la voz ciudadana y dijo sí a combatir de raíz el lastre de la corrupción que lastima a todos los mexicanos y frena el desarrollo económico y social.
El reto ahora es consolidar ese camino legislativo para prestigiar el quehacer de la política, recuperar su esencia para servir y ayudar; y deje de verse como un medio de enriquecimiento.
