La columna de las senadoras: ¿Cómo destrabar el problema magisterial en Oaxaca?

Cómo evitar que siga creciendo y afectando a la población.

Por Opinión semanal

Alejandra Barrales Magdaleno PRD

Es urgente hallar una solución al conflicto magisterial en Oaxaca. El diálogo, la negociación, los acuerdos, son los únicos caminos que pueden llevarnos hacia una salida a esa problemática, no la confrontación, no los castigos, no el abandono. No podemos cerrar los ojos ante un tema fundamental del que depende el futuro de nuestros niños. La educación es y ha sido la única herramienta para lograr la transformación que el país requiere.

Oaxaca es un foco rojo. Es el segundo estado con mayor índice de pobreza, solo después de Chiapas. De acuerdo con datos del Coneval, tiene 2.66 millones de personas en situación de pobreza y 1.13 millones en situación de pobreza extrema.

En fechas recientes se ha convertido en centro de atención no solo de México sino del mundo. El conflicto magisterial que esa entidad ha enfrentado y las consecuencias que de él han derivado no son para menos.

Desde la promulgación de la Reforma Educativa, en septiembre de 2013, se agravó el conflicto del magisterio que por años ha prevalecido en Oaxaca. Se suscitó una serie de bloqueos, protestas y manifestaciones, no solo en aquella entidad, sino en varios estados del país y en la Ciudad de México.

La falta de acuerdos entre autoridades educativas y magisterio ha tenido graves consecuencias para la formación de cientos de niños, de las futuras generaciones, en uno de los estados con mayor rezago educativo del país, en donde es prioritario retomar el diálogo como única vía para solucionar conflictos, en donde los acuerdos se vuelven cada día más urgentes.

De 2004 a 2015, se calcula que se perdieron 209 días de clases en primaria y secundaria en Oaxaca, de acuerdo con datos del Instituto Estatal de Educación Pública de ese estado (IEEPO). Y más de 10 mil alumnos están en riesgo de perder el presente ciclo escolar, debido al cierre de más de 600 planteles desde el 15 de mayo pasado.

Entonces, ¿a qué estamos condenando a cientos de niños que son el futuro de sus comunidades, de su estado y del país?

Se requiere una solución que ponga fin a este conflicto, no podemos pretender que no pasa nada, pero en el diálogo debe de haber verdadero interés por alcanzar soluciones de fondo. Ni en la violencia ni en la indiferencia habrá conciliación.

Tenemos que recordar que los profesores son pieza clave en la formación de la infancia y la juventud del país. Solo si caminamos junto con los maestros, desde las aulas y las escuelas, con iniciativas que mejoren su calidad de vida y con propuestas que les brinden oportunidades de desarrollo laboral, vamos a dejar atrás los conflictos derivados de intereses particulares, para enfocarlos en quienes verdaderamente importan: los millones de estudiantes del país.

No se puede postergar un acuerdo que permita a los niños volver a las aulas. De lo contrario, estaríamos condenando a la niñez oaxaqueña al rezago, al olvido y cerrándole las puertas al futuro.

 

Mariana Gómez del Campo – PAN

Queda claro que el uso de la violencia, como sucedió en Nochixtlán, jamás es una opción viable y mucho menos para solucionar un conflicto. La violencia genera violencia. Las lamentables pérdidas de vidas y los heridos en el altercado del pasado 19 de junio contribuyen a la generar la percepción de inestabilidad en nuestro país y daña su imagen en el exterior.

Hay que ser claros, vivimos en una democracia en la que todos tienen la libertad para hacerse escuchar y plantear sus críticas, sin embargo, los mecanismos empleados por el magisterio tampoco son los adecuados. Los bloqueos representan una afectación sería a terceros que incluso ha vulnerado gravemente el abasto alimenticio de miles de familias y han afectado a más de 12 mil estudiantes de escuelas primarias, secundarias y normales de Oaxaca.

La movilidad interna y el desempeño de la actividad económica reflejan claramente los síntomas de esta crisis, datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo registran una pérdida económica para las empresas del estado cercana a los mil 700 millones de pesos y para el sector turístico una pérdida de 75 millones de pesos de un total de 300 millones estimados por la tradicional Guelaguetza. Todo esto abona de manera directa al estancamiento de una entidad en la que el 40% de la población percibe un ingreso menor a los 1,300 pesos al mes, según el Coneval.

Esta preocupante situación ha llegado a un nivel fuera de toda racionalidad porque con el conflicto ya no se está afectando al gobierno sino a millones de habitantes que sufren el deterioro de las condiciones económicas, sociales, de seguridad y de oportunidades día con día.

El gobierno debe flexibilizar sus posiciones favoreciendo el diálogo, sin embargo, está acotado por lo que dispone la ley, toda acción debe ser respetuosa de nuestro marco legal. La CNTE, por su parte, debe dar muestras de tener interés en tener un diálogo efectivo, su pliego petitorio enlista puntos fuera de toda posibilidad de negociación. Sin embargo, los diferendos no justifican bajo ninguna circunstancia que comunidades enteras sean tomadas como rehenes, dejando a  miles de estudiantes sin clases y hoy, o privando a otros estados de realizar evaluaciones. Esperamos que el Gobierno Federal explore hasta la última instancia las posibilidades de solución y que su señalamiento de “tiempo agotado” no se traduzca en otros enfrentamientos.

Los mexicanos no queremos que grupos sindicales busquen mantener privilegios que son realmente anacrónicos en nuestra sociedad. Contamos con un gran potencial de profesores y estudiantes, somos cuna de grandes talentos, pero situaciones como las del magisterio representan un freno para el desarrollo científico y tecnológico.

Al margen los hechos en Oaxaca, se debe identificar y evitar la participación de grupos ajenos en el movimiento magisterial, grupos que no tienen otro objetivo más que el de generar violencia, y que polarizan la situación y exacerban las diferencias entre el magisterio y las autoridades. Esto deberá esclarecerse tras las investigaciones que se están llevando a cabo.

El Gobierno Federal debe preservar el Estado de Derecho sin permitirse la negociación de la ley. Las opciones parecen no ser muchas, sin embargo, lo que definitivamente no es una opción es el uso de la fuerza que puede derivar en mayor violencia y abusos.

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