Ante el gasolinazo, ¿el Gobierno debe mantener la medida o hacer una revisión?

A lo largo del país se han manifestado diversos sectores de la población en contra del “gasolinazo” que encareció los precios de las gasolinas Magna, Premium y diésel

Ante el gasolinazo, ¿el Gobierno debe mantener la medida o hacer una revisión?

Mariana Gómez del Campo, senadora de la República

Desde 1994, México no había vivido un inicio de año tan convulso, a lo largo del país se han manifestado diversos sectores de la población en contra del “gasolinazo” que encareció los precios de las gasolinas Magna, Premium y diésel en un 14.2, 20.1 y 16.5% respectivamente sobre el precio de diciembre de 2016. Esto significa que si un mexicano gastaba 500 pesos de gasolina semanalmente en julio de 2016, ahora tendrá que desembolsar entre 650 a 700 pesos.

Los ciudadanos han manifestado su inconformidad en Nuevo León, Sinaloa, Querétaro, Aguascalientes, Jalisco, Chiapas, Michoacán, Estado de México, Puebla, Tabasco, San Luis Potosí y Zacatecas, han salido a protestar contra el alza de las gasolinas, incluso en Nogales, Sonora, se registró el bloqueo en las vías del ferrocarril en la puerta de entrada entre México y Estados Unidos.

Además, esto propició que se cometieran injustificados actos vandálicos, conatos de violencia y saqueos en tiendas de autoservicio del país, según la Asociación Nacional de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) son 423 tiendas saqueadas.

En respuesta a la movilización ciudadana, el gobierno federal emitió un mensaje donde pretendió explicar el llamado gasolinazo de forma simplista e incluso en el que atribuyó una supuesta responsabilidad a gobiernos anteriores. La explicación de Peña Nieto fue la siguiente: es por factores externos, la culpa es del gobierno anterior, se hizo para no recortar programas sociales, entre otros alegatos. Lo más sobresaliente del mensaje fue la pregunta “¿Qué hubieran hecho ustedes?”

Ante todo ello, lo que ha quedado de manifiesto es que tenemos un gobierno federal que está completamente rebasado, que no ha sabido implementar las reformas estructurales, que es omiso para combatir la corrupción y que, por si todo esto fuera poco, es profundamente insensible ante los ciudadanos. Hemos vuelto a las épocas en donde el gobierno “ni nos ve, ni nos oye”. Esas son algunas de las razones por las que la inconformidad ciudadana se ha convertido en indignación.

Diversos actores económicos y políticos lo hemos expresado, el problema del gasolinazo no es la reforma energética (con la que buscamos que los precios de los combustibles y la energía eléctrica bajen y haya mayor oferta); el gasolinazo responde a la voracidad del gobierno federal que prefiere pasar la factura a los ciudadanos que apretarse el cinturón, ser austero, reducir su obesa burocracia y eliminar gastos superfluos. Según datos de El Financiero, la Secretaría de Hacienda recibirá ganancias por más de 73 mil millones de pesos en este año por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que significa casi un 40% más de lo que fue programado recaudar por este impuesto en 2016. Esta cantidad es importante pues representa casi 3 veces el presupuesto asignado al CONACYT para 2017.

Pero, ¿qué sigue? Es fundamental que desde el Congreso tengamos una actitud sensible frente al desdén del Ejecutivo, por lo que debemos buscar alternativas para, incluso, echar atrás el gasolinazo que afecta a todos.

Quisiera puntualizar que, pese al enojo y encono de la sociedad, sí debemos alzar la voz pero nada justifica cometer actos de violencia y saqueos. Los mexicanos nos caracterizamos como sociedad que trabaja duro, se esfuerza y es honesta. Debemos unir fuerzas a fin de enfrentar los retos que 2017 representa, desafíos que vienen del exterior por lo que la única manera de superarlos es estando unidos al interior.
Marcela Guerra, senadora de la República

El ejercicio del poder implica para quien lo ejecuta, la elección cotidiana de decisiones que conllevan costos políticos.

El gobierno del presidente Peña Nieto ha tomado el riesgo de asumir las consecuencias de autorizar la liberalización del precio de la gasolina y el diésel a partir del primero de enero de 2017.

Detrás de esa decisión está la responsabilidad de asegurar la aplicación de programas y beneficios sociales para la mayor parte de los mexicanos y de garantizar que México no regrese a momentos en los que las devaluaciones sistemáticas, la debilidad de reservas internacionales para hacer frente a situaciones de incertidumbre y de alta volatilidad, así como a procesos inflacionarios cercanos a tres dígitos, castigaban a la población y deprimían el crecimiento económico.

Por décadas enteras, los diferentes gobiernos en México habían dispuesto que de las arcas de la hacienda pública se subsidiara parte del costo de los combustibles de gasolinas y diésel. Las condiciones internacionales y las finanzas públicas que incluían la fortaleza de Pemex como empresa nacional, habían permitido la viabilidad de esa opción.

El mundo en el que vivimos y la economía nacional no permiten echar marcha atrás en la medida que se nos dio a conocer. Era insostenible mantener un precio ficticio de los combustibles porque éste no reflejaba una realidad derivada de los altos costos del petróleo.

De cada 100 litros de gasolina que se consumen, 70 litros son consumidos por el 30% de la población con mayor poder adquisitivo en el país, en contraste, 30% de los hogares con menores ingresos consumen sólo 5 litros.

No se ha difundido con la amplitud necesaria que la Ley de Ingresos de la Federación 2017 establece un estímulo fiscal a los contribuyentes que adquieran diésel o biodiésel para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado, de personas o de carga, así como el turístico. Además, se les permite acreditar los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura carretera de cuota hasta en un 50% del gasto total erogado por ese concepto.

El 18 de diciembre de 2016 se dieron a conocer además estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario, así como en 7 regiones en la frontera que incluyen a las ciudades de Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Reynosa.

Los precios de las gasolinas se acercan entonces a través de esta medida a un valor real. El mercado determinará su costo de ahora en adelante, de la misma manera que sucede con el precio de nuestra moneda frente a otras divisas.

Igual que sucede con empresas de telefonía y telecomunicaciones, la libre competencia las ha obligado a mejorar precios y servicios para allegarse al mayor número de consumidores. Detrás de la liberalización del precio de las gasolinas está la intención de que los proveedores de esos combustibles ofrezcan por precio, servicio y calidad, la mejor oferta al consumidor. Por esta razón, el gobierno debe mantener la decisión.

 

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