Actualmente están en proceso de apertura varias minas en el país, como la de Tetela de Ocampo en Puebla, Los Cardones en Baja California Sur o la mina de oro en Temixco. El intentar impulsar la economía mexicana a través del extractivismo es un modelo caduco. Hemos visto a través de los años que la dependencia a los recursos naturales no se ha transformado en desarrollo y simplemente ha ensanchado la brecha de desigualdad y aumentado la dependencia a otros países. Aunque en cierto grado podría parecer benéfico para la economía del país, los contras son mucho mayores.
El artículo 6º de la Ley Minera establece que “la exploración, explotación y beneficio de los minerales […] son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno”. Reconocer a la minería como actividad económica preferente, acepta el extractivismo como modelo de desarrollo “conveniente”.
La actividad minera produce sólo del 1 al 1.5% del PIB. El problema del PIB es que no nos habla de distribución, y como muchos negocios de este país, ese 1.5% del PIB está concentrado en un pequeño grupo. Genera alrededor de 300 mil empleos considerando la siderurgia; si excluimos este proceso de tratamiento del hierro y sólo tomamos en cuenta la actividad extractiva de metales, no metales y sal, los empleos generados son solamente 107 mil 419. Esto representa un mínimo de 0.22% de las 49 millones 76 mil personas que conforman la población económicamente activa.
La minería puede ser de las actividades económicas legales más dañinas para el país. Además de que el grueso de las ganancias se las lleva una pequeña élite y genera muy pocos empleos, tiene un sinfín de afectaciones que tienen considerablemente más peso que sus implicaciones positivas. Por escrito, el beneficio de la minería es de utilidad ‘pública’; sin embargo, la realidad es que las utilidades son de pequeños concesionarios que lo único que hacen público son las afectaciones.
Empezando por los afectados directamente como las comunidades desplazadas; quienes normalmente no tienen ni voz ni voto en las decisiones tomadas sobre el curso de su futuro y sus lugares de origen. En los casos que llegan a tener participación, es normalmente desinformada. Afectaciones ambientales, que aparte de la saturación tóxica que queda liberada en el aire y la contaminación que eso representa para el medio ambiente, los cultivos aledaños quedan impregnados de residuos tóxicos (sin hacer mención de la cadena de reacción que una cosecha tóxica puede tener para la población). Cultivos completamente deshechos tierras deterioradas o inservibles. Esto, una vez más, expulsa a la gente del campo a las ciudades, unos de los problemas de los que más padece México y que desenvuelve otra cantidad enorme de consecuencias. También están las afectaciones de tipo cultural, que son tanto materiales —como destrucción de centros ceremoniales y edificaciones monumentales— como inmateriales —prácticas y costumbres inherentes al espacio en donde se desarrollan—.
Y si eso no fuera suficiente, también existen afectaciones económicas. El desarrollo basado en el extractivismo simplemente no es sustentable. El argumento comúnmente usado (que la mina traerá empleo y prosperidad) es válido hasta cierto punto y dentro una visión de corto plazo. El derrame económico que la minería puede traer a las localidades se basa en empleos mal pagados y en un vuelco de la economía local en torno a la mina. El dilema está en que las minas —como las de metales preciosos— tienen una vida de 12 a 15 años y durante ese tiempo hay cierta liquidez, puesto que hay demanda y se crea la oferta. Sin embargo, cuando la mina cierra, se corta el flujo de ingresos y los vestigios de la mina se traducen en una economía inflada, en una población que tiene que pagar importantes daños a la salud y lidiar con graves problemas de contaminación.
A pesar de todas estas implicaciones negativas para el país, se sigue apoyando a la industria. El argumento más recurrente, que la actividad minera produce riqueza y que impulsa la economía es sólo una manera de esconder que la toma de decisiones gira en torno a las ganancias de una pequeña élite. Si los recursos naturales fueran realmente patrimonio de todos los mexicanos, probablemente la distribución sería diferente o tendríamos la capacidad de decidir sobre ellos. Son muchos más los daños —muchos irreversibles— generados por la minería que los efectos positivos que ésta pueda traer. Tenemos que dejar de parchar la debilidad de la economía y repensar la manera en que este país pueda realmente crecer. Además, debemos invertir en modelos de desarrollo que sean sustentables y de largo plazo.
*Regina Ganem es integrante de la Coordinación de Desarrollo Institucional de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
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(Esta columna sólo refleja el punto de vista de su autor)