La elección directa de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) o magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no garantiza su integridad ni independencia judicial; además de que los constantes procesos electorales podrían llevar a los mexicanos al hartazgo, señalan especialistas a Publimetro, a raíz del adelanto de la Reforma Electoral que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este martes en su conferencia de prensa matutina.
Durante el encuentro con medios, López Obrador explicó que presentará la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral después del 10 de abril, fecha de la consulta de revocación del mandato. Con esta reforma buscará: “garantizar la democracia en México” y que “ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral”. Por lo tanto, los consejeros electorales y los magistrados del TEPJF serán elegidos por el pueblo, a partir de listas hechas por los tres poderes de la Unión, seleccionando hasta a 20 candidatos cada uno.
“Lo que dice el presidente que busca con su propuesta es eliminar este fenómeno perverso de las cuotas partidarias. Sin embargo, el planteamiento que está haciendo -a reserva de conocer el proyecto a detalle, porque todavía no lo han presentado- me parece que no necesariamente llegaría a cumplir ese propósito”, explica a Publimetro Marcos Pérez Esquer, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.
“Históricamente, ese modelo no ha demostrado ser eficiente para lograr que los juzgadores sean independientes. Por ejemplo, desde hace muchos años -desde el siglo pasado o antepasado incluso- en algunos estados de Estados Unidos se eligen jueces de manera directa, es decir por voto popular. Y hay estudios -por ejemplo uno de Lawrence Friedman- que señalan que eso no ha garantizado ni la idoneidad, ni la integridad, ni la independencia judicial”, explica Pérez Esquer.
El motivo es que los propios partidos políticos postulan a los candidatos. “Por lo tanto, el fenómeno de la cuota partidista, lejos de atenuarse, se refuerza”, añade el especialista.
“En aquellos estados donde los jueces compiten de manera independiente, se ha detectado que terminan teniendo alguna liga con alguna fuerza política. Además que suelen ser apoyados por grandes empresarios a los que les interesa tener jueces afines, o bien han detectado intereses económicos para impedir que algún juez se reelija porque ha estado emitiendo sentencias que van en contra de esos intereses económicos”, comenta Marcos Pérez.
El investigador señala que el modelo de elección popular de jueces puede resultar contraproducente en México. “Ya podemos imaginar cuáles serían las simpatías de los 20 perfiles que impulse el Ejecutivo, o de los que impulse el Legislativo en un momento como el actual, en que Morena tiene una mayoría amplia y suficiente para sacar adelante una lista de 20 perfiles que le sean afines. En el Poder Judicial no tanto, pero seguramente también habría muchos dentro de esos 20 que pudieran ser afines al gobierno”, añade.
Esa situación propiciaría que, en su gran mayoría, se estarían eligiendo como consejeros electorales o magistrados a personas afines a la administración en turno. “Lejos de garantizar independencia, me parece que podría resultar contraproducente. Creo que no es la vía correcta para garantizar la independencia de un juez o de un consejero electoral”, comenta Pérez Esquer.
El especialista considera que si se busca fortalecer la independencia de consejeros y magistrados, “la garantía va más bien por un modelo muy distinto que sería el de robustecer los comités de selección ciudadanos. En medida que se fortalezcan comités especializados integrados por ciudadanas y ciudadanos para seleccionar a jueces y consejeros, tendremos mayores garantías de esa independencia, de esa idoneidad y de esa integridad. Esto ha sido demostrado así a lo largo y ancho del mundo y por mucho tiempo, entonces tampoco se trata de descubrir el hilo negro”, añadió.
Experiencias negativas en el mundo
Aunque entre los pros de esta propuesta está buscar mayor independencia de los jueces o consejeros; la desventaja es que la historia y los hechos han demostrado que ese propósito no se cumple en la realidad.
“Hay experiencias muy negativas al respecto, por ejemplo, en el año 2011 en Bolivia -tras una reforma- se realizó una elección popular para seleccionar a los magistrados de los más altos tribunales de la Nación. Se dijo que era muy democrático y que iba a garantizar imparcialidad e independencia de los juzgadores, y resultó que -a la postre- en unos cuantos años esos órganos jurisdiccionales terminaron siendo capturados, captados o sometidos por el Presidente de la República. Al grado tal que el Tribunal Supremo de Bolivia llegó al extremo de que en el año 2016 le permitió al Presidente de la República buscar una segunda reelección, cuando solamente permitía una. Y ese tribunal dijo ‘Si solamente le permitimos una y ya no le permitimos que él desee en el futuro, estaremos violando sus derechos políticos’. Una interpretación totalmente absurda, pero porque el presidente había dominado el proceso electoral mediante el cual habían sido nombrados estos jueces, y pues dominaba también a estos tribunales. Entonces hay experiencias muy negativas y yo no encuentro experiencias realmente positivas”, añadió Pérez Esquer.
¿”Vivir en las urnas” desgasta la democracia?
Para el profesor de Derecho, si puede existir un desgaste tras los llamados a las urnas diversos ejercicios democráticos (consulta popular, las elecciones generales y la posible elección de funcionarios públicos), por lo que considera que debe haber un equilibrio adecuado entre los modelos de democracia representativa y los modelos de democracia directa.
“Creo que en el caso concreto de los nombramientos de altos funcionarios -distintos a los de elección popular que ya tenemos- deben ser sometidos a procesos indirectos, es decir, que sean procesos en los cuales intervengan los representantes populares: el Ejecutivo, el Legislativo. Pero no realizarlos de manera directa. No encuentro en la experiencia internacional, en la experiencia histórica, modelos donde se pueda decir que elegir directamente a este tipo de funcionarios sea un caso de éxito. Sin embargo, sí hay al revés, han ocurrido donde resulta pernicioso”, explicó.
“Efectivamente, si se acumulan demasiadas decisiones a través de modelos de votación directa podemos llevar a una suerte de hartazgo y de indiferencia al electorado en el futuro. También lo hemos visto en algunas sociedades, como en Estados Unidos. En algunos estados de aquel país son sometidos frecuentemente muchos nombramientos al voto popular y la experiencia señala que el elector deja de tener interés muy rápidamente en esos nombramientos y los que van a votar, suelen hacerlo sin mucho conocimiento de causa es decir, no saben bien a bien quienes son los que están compitiendo y no saben quién es quién. Entonces lejos de garantizar la idoneidad, provoca su detrimento”.
3 PREGUNTAS CON
Arturo Sánchez Gutiérrez. Profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey; ex consejero electoral tanto en el IFE (2003 a 2010) como en el INE (2014-2017).
¿Qué lectura da del adelanto de la Reforma Electoral que dio el presidente López Obrador?
Es una reacción muy apresurada, como nos tiene acostumbrados el presidente, ante una pregunta de un reportero y sobre todo está fuera de contexto.
Cualquier reforma electoral se conforma de una gran cantidad de elementos. Uno de los temas puede ser, sin duda, la composición, la organización, el funcionamiento, las características del órgano electoral y eso requiere de una reflexión muy integral de todo tipo de alternativas. El Presidente se refirió solamente a un aspecto, que es el nombramiento de los consejeros electorales y bueno, yo creo que en ese sentido el problema siempre ha sido combinar dos cosas: uno, que los consejeros tengan conocimiento técnico, habilidades electorales y competencias electorales muy claramente definidas para poder hacer su trabajo. No cualquiera es un experto en elecciones. No cualquiera conoce de ese tipo de situaciones o conoce incluso la historia de cómo se han desarrollado las elecciones en México y eso hay que combinarlo con el consenso que debe generar entre las diferentes fuerzas políticas. Menciono “entre las diferentes fuerzas políticas” porque los partidos políticos son, finalmente, los sujetos regulados por los consejeros electorales. Es ahí donde se debiera generar un fuerte consenso sobre quienes son los consejeros.
Me da la impresión de que, así como se planteó la propuesta del Presidente, no resuelve el problema en sí. El hecho de que se lleve a la consulta popular hace que la cuestión automáticamente se partidice. La gente va a votar por las gentes cercanas al partido de su preferencia y en consecuencia, eso genera otra vez que no se resuelve el problema original de tener consejeros electorales independientes. Ahora peor, porque ahora podrían decir que fueron legítimamente electos por el pueblo.
Además, quedan muchas preguntas en el aire: ¿Quién va a organizar la elección? ¿El mismo INE?, ¿Se van a poner casillas en todo el país con boletas para que la gente mencione a quien quiere como consejero electoral?, ¿Los candidatos pueden hacer campaña?, ¿van a tener spots?, ¿Van a tener financiamiento para hacer campaña?, ¿Quién va a regular su desarrollo como candidatos? Son preguntas que no han sido contestadas porque no hay una propuesta clara.
Esta simple y sencilla mención del presidente, como un adelanto, me da la impresión que, más que ayudarnos a resolver o a imaginar soluciones claras, pues mete mucho ruido y genera un debate -desde mi punto de vista- innecesario; porque no tenemos los elementos suficientes para poder decidir.
Lo mismo exactamente ocurre en el caso del Tribunal Electoral, con otra peculiaridad: actualmente para ser magistrado del TEPJF se tiene que ser abogado. ¿Va a haber ese tipo de requisitos en lo que dice el presidente de la República?, ¿Se van a tomar en cuenta las carreras judiciales? ¿Se va a considerar o no, si se ha pertenecido o se pertenece a un partido político?
Como no sabemos nada de eso, porque el presidente dijo muy poco al respecto, yo me esperaría a que tuviéramos una propuesta seria, completa, integral y que permitirá ver cómo podría funcionar una autoridad electoral con esas características y con consejeros electos o nombrados.
¿La responsabilidad de elegir a estos funcionarios puede recaer en la ciudadanía?
Yo creo que, así de general como lo planteó el presidente, me parece insuficiente. Necesitaríamos conocer otras características de la propuesta para ver si es viable o no. Me da la impresión de que la responsabilidad pasa también por garantizar que en este tipo de órganos, el Tribunal General, o el Consejo General, haya gente que conozca. No podemos sacrificar la eficiencia de este tipo de órganos por un voto mayoritario, que no necesariamente tendría los elementos suficientes para decidir.
¿Por qué el presidente tendría que proponer candidatos? ¿Por qué no se presentan candidatos propuestos por órganos universitarios?, por ejemplo, o por organizaciones de la sociedad civil. En fin, diferentes tipos de grupos que podrían participar en un proceso -que de por sí es complejo- para nombrar consejeros electorales y magistrados del Tribunal.
Dejarlo a la voluntad popular, es un poco dejar hacer lo que se ha hecho en estos tipos de consulta, en donde a personas que no conocemos nada sobre aeropuertos nos piden que opinemos si debe haber un aeropuerto en un lugar o en otro.
Ese es el tipo de de soluciones que -desde mi punto de vista- no fortalecen a la democracia y más bien debilitan a las instituciones. Pero hay que conocer la propuesta integral del presidente que nos la hará conocer después de la revocación de mandato, para ver cuáles son los alcances de una propuesta de este tipo.
Tras los llamados a las urnas para la consulta popular, las elecciones generales y la posible elección de funcionarios públicos, ¿Se desgasta el modelo de democracia?
Yo no veo que se sustituya la democracia representativa por democracia participativa. De cualquier manera tenemos que elegir a alguien que nos represente en el Congreso de la Unión y para eso están los partidos políticos. Veo muy complicado cómo eliminar alguna forma de representatividad para que una democracia funcione. Eso no quiere decir cancelar formas de democracia participativa. Está bien, adelante. Lo único es que tienen que estar bien reguladas, bien organizadas, con garantías claras en la ley que permitan que, realmente, lo que se debate ahí funcione y que sirvan para lo que están llamadas. No veo que haya una contradicción, necesariamente.
Lo que sí veo es que, si por “democracia participativa” se pone la toma de decisiones, pues caemos en un riesgo muy grande de ineficiencia. Si a esas vamos, pues vamos a elegir también en votación popular al secretario de la Defensa o al secretario de Hacienda o al Secretario de Gobernación. Entonces, que sea una “democracia participativa” para todas las decisiones que se deban tomar, la pregunta es: ¿entonces, para qué elegimos al Presidente de la República? Justamente, para que nos represente, forme gobierno y sea responsable del ejercicio del poder.
