La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que no interpondrá acción de inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas por el Senado sobre la Guardia Nacional (GN), incluso respaldarán los cambios necesarios para su consolidación, aunque advirtió que vigilarán su operación para atender cualquier violación a los derechos humanos.
El organismo añadió que en las deliberaciones del pasado viernes “en el documento aprobado no hay un solo artículo donde se pierda el estado civil de la GN. La iniciativa aprobada se compromete una fórmula equilibrada para la participación de la Sedena en el ejercicio del control operativo y administrativo de la GN. Se establecen reglas claras del funcionamiento de este cuerpo policial, con una estricta, clara separación y delimitación de las dependencias involucradas”.
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También argumentó que “casi nadie se percató” de que el manejo de la GN ya lo tenía la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como se establece en Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF).
Sin embargo, la estrategia de seguridad está a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de organizar, dirigir y supervisar los cuerpos de seguridad bajo su adscripción, en coordinación con las dependencias correspondientes.
“Es Comisión considera que, dada la situación de violencia que aqueja al país, la intervención de la Sedena puede ser y es admisible, desde el punto de vista de los derechos humanos, siempre y cuando su intervención se encuentre limitada en el tiempo y sujeta a casos de excepcionalidad, que es lo que aprobó la mayoría del Senado”.
Y añadió: “La participación de cuerpos castrenses es dable de realizarse, siempre que sea extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada, siendo estas categorías sustantivas y no únicamente nominales, las que corresponde tutelar y observar durante el tiempo de vigencia de las reformas legales”.
Añadió que, en los sitios en donde las policías municipales y estatales no han podido contener la violencia generada por las organizaciones criminales, es necesaria la intervención de la Guardia Nacional, además de que no hay continuidad de políticas de militarización de sexenios anteriores y no se tienen un mando militar arbitrario.
“Lo que hemos tenido por un largo período es un mando civil corrompido y corrupto, que no evolucionó al parejo del Ejército surgido de la Revolución y que, valiéndose de su lealtad y subordinación incondicional, lo desvió de su misión social para ejecutar violaciones a derechos humanos y delitos de lesa humanidad que le aseguraran el control político y social, la represión de toda disidencia que pusiera en riesgo la hegemonía de un partido, en claro detrimento de la democracia, otorgándole a cambio impunidad sobre esas actuaciones”.
La CNDH destacó que aunque el administración de la GN pase a manos de la Sedena, la capacitación entre ambas corporaciones debe diferenciarse, ya que sus competencias son distintas y no deben violentarse las garantías de las personas.
Insistió que su decisión se sustentó en la evaluación de diversos elementos, como el clima de violencia que se vive desde hace años en el país, así como la confianza que hay en las fuerzas armadas por la mayoría de los ciudadanos, de hasta 48% según datos del último informe Latinobarómetro.
Mientras que en la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020, del INE y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Ejército y la Marina son las instituciones del país con mayor nivel de confianza de la población, con 63.8%, seguidos de la Guardia Nacional, con 60.5%.
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