La próxima semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador podría tener un nuevo revés jurídico en su administración, en esta ocasión porque el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, propondrá al pleno declarar inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Se estima que la discusión inicie una vez que retorne la ministra Loretta Ortiz a laborar. El proyecto, que ya fue repartido entre los integrantes del Pleno, establece eliminar la facultad de la Sedena para que tenga el control operativo, administrativo y presupuestal de la Guardia Nacional.
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El proyecto del ministro añade que la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en septiembre de 2022, en la que se se hizo oficial dicho traspaso, es contrario al carácter civil que debe tener esa corporación de seguridad.
“Resulta inconstitucional el traslado administrativo, presupuestario, orgánico, funcional y de mando que el Decreto impugnado, a través de los artículos analizados en este apartado. Éste se opone al texto del artículo 21 que, como una garantía del carácter civil de la Guardia Nacional, incorpora expresamente que ésta deberá quedar incorporada a la dependencia del ramo de la seguridad pública, quien formulará, no solamente la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, sino que sus programas, políticas y acciones”, establece el proyecto.
González Alcántara Carrancá también expuso que ni el artículo transitorio del decreto de creación de la GN, en donde se establece la facultad de López Obrador para disponer de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, justifica el traslado de la Guardia a la Sedena.
“De manera clara y expresa se determinó que la Guardia Nacional estaría adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública y que ésta formularía sus programas, políticas y acciones. Afirmar que el decreto impugnado, en las porciones analizadas, no varía esa adscripción sería inobservar que el mismo traslada el presupuesto, los recursos materiales y las facultades de mando y de decisión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional”, precisó.
Sin embargo, el proyecto también propone analizar la colaboración entre el Ejército y la Guardia Nacional, pues esto no genera ningún peligro ni incrementa la intervención de instituciones castrenses en tareas de seguridad pública.
Para invalidar la transferencia de la GN a la Sedena, el ministro González Alcántara Carrancá requiere de una mayoría de ocho votos en la Suprema Corte.
