El proceso del análisis de inconstitucionalidad o validez de la reforma electoral aún no ha concluido. Esta reforma se conforma por dos paquetes, uno en materia de propaganda gubernamental (que ya fue invalidado por la SCJN), y el segundo paquete contempla modificaciones a normas electorales.
En diciembre de 2022, el Ejecutivo presentó un paquete de reformas en materia político electoral, conocido como “Plan B”, enfocado en modificar cinco leyes. Este fue aprobado por el Congreso de la Unión en dos partes:
Primero se publicó el 27 de diciembre de 2022 y contemplaba modificaciones a dos ordenamientos vigentes: Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Se determinó que ponía en riesgo las condiciones de equidad para partidos y candidatos, permitía la injerencia del Gobierno, particularmente en las campañas de comunicación, propaganda gubernamental, permitía que los servidores públicos llevaran a cabo actividades y comunicaciones proselitistas bajo el argumento de la libertad de expresión.
Para entender el contexto: En fast track aprueban “plan B” de reforma electoral en comisiones del Senado
La Segunda se publicó el 2 de marzo de 2023, la cual reformó la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Partidos Políticos.
Esta reforma propone una compactación de la estructura administrativa y organizativa del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLES)
Busca:
- Eliminación de las 300 Juntas Ejecutivas Distritales
- La desaparición del Servicio Profesional Electoral, que es el encargado de la realización de los procesos electorales en todo el país
- Compactar el calendario del proceso electoral para racionalizar recursos
- Reducir la burocracia, aprovechando al máximo la estructura orgánica y los recursos del INE
- Fortalecer el juicio en línea y la publicación de autos del Tribunal
- Modernizar el sistema de medios de impugnación
- Eliminar dos salas regionales del TEPJF
- Que las percepciones salariales de las consejeras y consejeros del INE y los magistrados del TEPJ sean inferiores al salario del presidente de la República
Ambas reformas fueron aprobadas de manera urgente por el Congreso de la Unión, es decir, no se siguió el proceso legislativo, como el estudio de las implicaciones de las reformas, la participación ciudadana y la deliberación democrática.
Impugnan “Plan B” de reforma electoral
La primera parte del “Plan B” de la reforma electoral fue impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por medio de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, en total se presentaron 188 recursos. Estas impugnaciones fueron presentadas por diferentes partidos políticos, minorías legislativas, poderes Ejecutivos, estatales, municipios, alcaldías, institutos electorales locales y el INE.
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El 8 de mayo, el Pleno de la SCJN resolvió la primera parte de la reforma declarando la invalidez, con 9 votos a favor y dos en contra, de la Ley de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por violaciones al proceso legislativo y al principio de deliberación democrática.
La SCJN deberá resolver a la brevedad la inconstitucionalidad o validez de la segunda parte del “Plan B” de la reforma electoral, tiene hasta antes de junio de 2023 para “preservar la certidumbre del proceso electoral de 2024 y la estabilidad política del país”.
Esto porque de acuerdo con lo establecido en el artículo 105 de la Constitución, no se pueden realizar cambios a las normas electorales 90 días antes del 2 de septiembre de 2023, cuando inicia el proceso electoral del 2024.
El llamado Plan B ha sido la reforma electoral más impugnada en el Poder Judicial, por la premura con la que fue aprobada por el Congreso, pero también por sus alcances y posibles repercusiones en el diseño institucional para organizar las elecciones en el país.
