El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que está de acuerdo en que haya una consulta popular sobre la propuesta de reforma Constitucional en materia Judicial, en la que propondrá que los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean electos a través del voto popular.
“Yo pienso que ayuda lo de la consulta, nada más hay que ver el procedimiento legal, porque al parecer, puedo estar equivocado, no se pueden llevar a cabo consultas cuando inician los procesos electorales. Si hay tiempo y está permitido por la ley, sería bueno, porque hay que informarle a la gente, y todos tenemos que participar en limpiar, en moralizar, en purificar la vida pública”, comentó el presidente.
López Obrador insistió en que el Poder Judicial “casi en su totalidad, de arriba a abajo, está podrido” y en que “solamente le sirve a los potentados y a los delincuentes, que no imparte justicia en beneficio del pueblo; entonces, sí hay que renovarlo”.
El presidente defendió que “el poder dimana del pueblo” como señala la Constitución en el artículo 39. “El pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. El pueblo es soberano, esa es la esencia de la democracia, el pueblo manda en la democracia, entonces ¿por qué no preguntarle a la gente?, ¿por qué no consultar a los ciudadanos?, y que los expertos constitucionalistas, muy defensores de estos aparatos de élite, opinen, den sus argumentos, y quienes sostenemos que el pueblo tiene que participar en estas decisiones, que la política es asunto de todos, también podamos argumentar de la importancia de que los ministros de la Corte, los magistrados, los jueces, sean electos, los elija el pueblo, con voto universal, directo, secreto, que no los elija o nombre la élite del poder, sino que sea el pueblo”, añadió.
Finalmente, el presidente defendió la elección de ministros porque “así era” en la época de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, periodo que consideró “fue el tiempo en que más independencia hubo de los poderes”.
3 preguntas con
José Pablo Abreu, director del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey
¿Es posible hacer una consulta popular por la reforma judicial, que plantea el presidente?
Mi lectura es muy clara y contundente. El artículo 35 de la Constitución señala que no podrán ser objeto de consulta popular, entre otras materias, la materia electoral. De hecho, hay un precedente sobre este tema al haber sido analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 2013, el PRI presentó una Consulta Popular para la reducción de legisladores de representación proporcional y la SCJN resolvió señalando que esa pregunta era inconstitucional porque se trataba de materia electoral.
Lo incómodo de la situación va a ser que, en el proceso del desahogo de la propuesta de Consulta Popular, la propia SCJN tenga que decir que no se puede hacer esa pregunta porque está involucrada en la misma.
Si se presenta formalmente la propuesta, eso es a raíz de la irresponsabilidad de quien lo haga, con una materia tan clara. Le tocará a la Corte decir que no se puede, pero el texto constitucional es el que claramente señala que no se puede hacer este tipo de preguntas.
¿Qué mensaje envían AMLO y Morena al insistir en una iniciativa que tiene todo en contra?
Como todos en el círculo de lectores de los temas políticos identificamos, está claro que hay un desaguisado entre el Ejecutivo y el Legislativo frente al Poder Judicial, a partir de la resoluciones que ha venido adoptando la Suprema Corte de Justicia de la Nación; particularmente todo se recrudece cuando se resuelve la primera parte del Plan B en materia electoral y teniendo claro que queda pendiente resolverse la segunda parte del Plan B y las impugnaciones del “viernes negro”, como se le ha llamado en la prensa, a la última jornada del periodo de sesiones en el Senado.
Hay una clara posición del Ejecutivo y Legislativo, al sentirse incómodos con cómo está resolviendo la Suprema Corte de Justicia y, a raíz de eso, vienen este tipo de propuestas que no hacen mucho sentido en en pleno siglo XXI, y propuestas que harían mucho daño a nuestro sistema democrático, a la independencia del poder judicial.
Creo que pues hay un enrarecimiento de nuestro sistema de división de poderes y, por lo tanto, igual del ambiente político.
¿Qué está en riesgo en caso de seguir con esta discusión?
Hay dos cuestiones que están en riesgo ahora mismo: la primera es la autonomía e independencia del poder judicial, es decir en un ambiente de normalidad democrática no deberían existir este tipo de declaraciones, de ataques y de iniciativas legislativas con el fin de afectar el funcionamiento del Poder Judicial, menos en momentos tan importantes.
Por otro lado, también se ha puesto en riesgo, o se ha quebrantado el orden legal al momento de aprobar las normas que están en discusión. La legalidad, que debe de ser observada primero por las autoridades, ha dejado de serlo y creo que sería un muy mal precedente que se validaran normas que no cumplieron ni siquiera la forma. No hemos entrado en la discusión del fondo, pero de entrada no cumplieron con lo que establece la Constitución y las leyes de lo que debe ocurrir.
