Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) descubrió la celebración de 80 contratos, por adjudicación directa, entre el sector salud con tres empresas que pueden suponer un riesgo. A la primera de ellas se le contrató el año que fue creada y las otras dos estaban supuestamente inhabilitadas.
De acuerdo con la investigación publicada este jueves 20 de julio, MCCI detectó que World Diagnostic S.A. de C.V., creada en febrero de 2023, ha recibido 31 contratos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la suma de 120 millones de pesos. Algo que, a ojos de la asociación civil, podría constituir un riesgo, pues la empresa sólo tiene cinco meses de creación.
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Por el otro lado, la empresa Casanova Vallejo S.A. de C.V., quien había sido inhabilitada por incumplir un contrato, celebró 46 contratos con la Administración Pública Federal (APF) por 107.9 millones de pesos. Además, Logística Médica de Occidente S.A. de C.V., que también estaba inhabilitada, recibió tres adjudicaciones en lo que va de 2023 para proveer medicamentos para atender la enfermedad de Parkinson.
Las acciones de gobierno
A pesar de que MCCI descubrió estas irregularidades, tanto la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) como la Secretaría de la Función Pública (SFP) publicaron esta semana sus avances ante mecanismos irregulares en el sector Salud.
El lunes 17, la Cofepris anunció que detectó siete nuevos distribuidores irregulares de medicamentos (Jhadyd, Rosan Medical y Juan Carlos Vallejo Rodríguez, en la Ciudad de México; Medical Abast, en Hidalgo; SP Medical, en Guanajuato; Uriel Ortega Gerardo y Skingardem, en Nuevo León), con lo cual, el conteo llegó a 115.
“Algunos de los productos ofertados por dichas empresas podrían carecer del principio activo; contener ingredientes nocivos; estar adulterados, caducos o almacenados de manera incorrecta; y en el caso de dispositivos médicos, haber sido fabricados con materiales de mala calidad”, señaló la institución que dirige Alejandro Svarch.
Por su cuenta, Roberto Salcedo Aquino, titular de la SFP, informó durante la conferencia matutina del martes 18 que, en el sector Salud, de 2021 a 2023, en los procedimientos de contratación de los servicios de laboratorio clínico y banco de sangre han participado 158 empresas y 121 fueron contratados.
En dicho periodo se detectaron 19 empresas que incurrieron en actos de colusión al haber realizado acuerdos para repartirse ilícitamente las partidas de licitaciones, por lo que se han impuesto sanciones a 13 de esos proveedores y de las restantes hay 23 expedientes de investigación en curso.
Salcedo Aquino especificó durante la mañanera que las sanciones consistieron en 24 inhabilitaciones de entre uno y siete años para participar en contrataciones públicas y mil 953 millones de pesos en multas. En ese sentido, reiteró que revisan a los licitantes para prevenir simulaciones, pues algunas empresas pueden eludir sus sancione a través de filiales o con el cambio de su razón social y con ello seguir obteniendo contratos.
Para agilizar esta intención, el gobierno federal analiza una iniciativa para que sea posible identificar de manera eficaz a los beneficiarios finales de las empresas, a fin de evaluar y evitar que eludan las sanciones y que las inhabilitaciones sean aplicadas efectivamente.
