Movimiento Regeneración Nacional (Morena) promoverá juicios políticos contra ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como una reforma integral al Poder Judicial que trastocará, además, al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y los tribunales de todos los circuitos.
Los promotores de la Cuarta Transformación (4T), incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), adoptaron una postura más crítica del Poder Judicial después de que éste tirara la Reforma Electoral, por lo que amagaron con quitarles sus privilegios.
Recientemente, el miércoles 19 de julio, el diputado Alejandro Robles manifestó que buscará promover juicios políticos contra los ministros del Pleno de la SCJN. Para argumentar su punto, expuso los privilegios de estos funcionarios a los cuales se niegan a renunciar y su mal desempeño en la impartición de justicia.
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Acompañado de otros siete diputados, el legislador federal señaló que se trata de un acto para generar conciencia entre los ministros para que se sujeten a la marco legal emanado de la actual administración, mismo que promueve la austeridad en todo el servicio público.
El Pleno de la Corte se conforma por 11 ministros, quienes, para ser sometidos a juicio político, deben de pasar por un procesos administrativo largo en el Congreso de la Unión. Así que la posibilidad de que los integrantes de la SCJN deberá de pasar por diferentes pasos.
¿Qué es un juicio político?
El Sistema de Información Legislativa (SIL) define al juicio político como un procedimiento administrativo que aplica cuando los actos u omisiones de funcionarios de alto nivel redundan en “perjuicio de los intereses públicos fundamentales por violaciones graves a la Constitución, a las Leyes Federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales”.
En caso que se determine la culpabilidad del o los acusados en la Cámara a de Diputados, será el Senado de la República quien fije la sanción, misma que va desde la separación del cargo hasta una inhabilitación de uno a 20 años del servicio público.
Para que éste se lleve a cabo, se debe de atender un criterio temporal, es decir, las solicitudes de juicio político se atienden conforme van llegando y, aunque existen criterios para acelerar juicios en específico, la regla general es que se procedan de manera cronológica.
Primero, el quejoso puede promover el juicio ante la sección instructora; después, la solicitud llega a la subcomisión de examen previo, dicha subcomisión está integrada por los miembros de las comisiones de Justicia y de Gobernación de la Cámara de Diputados.
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En este caso, son los presidentes de dichas comisiones quienes operarán como copresidentes de la subcomisión. Es decir, será Alejandro Moreno (PRI), presidente de la Comisión de Gobernación y Población, junto con Felipe Macías (PAN), presidente de la Comisión de Justicia, quienes copresidirán la subcomisión.
Cabe destacar que el carácter temporal de los procesos de juicio político podría aletargar la solicitud de los morenistas, pues existen decenas de juicios pendientes, como el promovido contra Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Gerardo Fernández Noroña, Alejandro Gertz Manero, Jaime Bonilla y más.
Finalmente, se recuerda que las personas servidoras públicas pueden ser objeto de juicio político, máximo, hasta un año después de que dejen su cargo, por lo que este criterio puede utilizarse para acelerar algunos juicios políticos; no obstante, no aplica en el corto plazo a los ministros de la Corte, pues aún están en funciones.
Reforma Judicial y Consulta Popular contra los privilegios
Además del amago de juicio político, las bancadas de Morena y del Partido del Trabajo (PT) esperan el inicio del periodo ordinario de sesiones para promover una reforma al Poder Judicial y un tema para la próxima Consulta Popular que trastoca los privilegios de la SCJN.
Tanto Ignacio Mier, Hamlet García y Alejandro Robles, de Morena, como Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT), se an pronunciado en este tema, donde la eliminación de fideicomisos, reducción de salarios y combate al nepotismo es la constante.
Robles Gómez y Fernández Noroña coincidieron en que la iniciativa que se promueva desde la 4T contra el Poder Judicial debe de eliminar los privilegios de la SCJN para que se apegue a la “austeridad republicana” que promueve AMLO. Por su cuenta, Mier Velazco y García Almaguer esperan que en la siguiente Consulta Popular se le pueda preguntar al pueblo si desea que los ministros de la SCJN deban de ser elegidos por voto popular.
AMLO y la Reforma Judicial
El presidente López Obrador es el mayor promotor de reformar al Poder Judicial. En sus propias palabras, el mandatario asegura que presentará “una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial y (que) esos 20 mil millones de pesos se entreguen a estudiantes de familias pobres, que se les entreguen becas”.
Entre los privilegios que busca eliminar están los sueldos mayores a 297 mil pesos mensuales, aguinaldos de 586 mil pesos, seguros de gastos médicos por 30 millones de pesos, prima vacacional de 95 mil pesos, fondo para comer en restaurantes por 723 mil pesos mensuales, 30 días de vacaciones, apoyo de gasolina de 22 mil pesos mensuales, 540 mil pesos mensuales para la contratación de personal particular, pensión vitalicia por su último salario, entre otras.
Asimismo, Adán Augusto López, ex secretario de Gobernación, señaló que la Reforma Judicial es fundamental para mejorar la impartición de justicia de México. “Necesitamos una Suprema Corte justa y que los corruptos se vayan. Los jueces, magistrados y ministros son como mercaderes del templo, si los dejamos, venderán las estatuas que hay en la Suprema Corte”, sentenció desde una mañanera.
La oposición apuesta por el freno a la iniciativa
Después de que los primeros morenistas se comenzaran a pronunciar en favor de una reforma integral al Poder Judicial, algunas voces al interior de la oposición advirtieron un sentido de “revanchismo” desde el poder, por lo que comenzaron a promover en redes sociales una consigna concreta “la Corte no se toca”.
Al igual que “el INE no se toca”, Santiago Creel (PAN), presidente de la Cámara de Diputados, señaló que no permitirá que el oficialismo transforme a modo el Poder Judicial, pues esto atentaría contra el Estado de derecho de México.
Asimismo, sostuvo que AMLO sostiene un encono contra Norma Piña, ministra presidente de la SCJN, todo esto derivado de sus diferencias de criterio respecto a la impartición de justicia en los casos de la esposa de Genaro García Luna y, sobre todo, el fallo en contra del Plan B de la Reforma Electoral.
“Le pido que respete la vida institucional del país, al Poder Judicial de la Federación, en donde existen jueces, magistrados, ministras y ministros con plena solvencia moral, técnica, de experiencia que le sirven al país”, dirigió a AMLO.
