Alejandro Robles, diputado federal por Morena, acusó a Santiago Creel, presidente de San Lázaro, de promoverse rumbo a la presidencia de la república con dinero del erario federal. Específicamente, mencionó el derroche de 20 millones de pesos diarios.
Creel Miranda, abanderado del Partido Acción Nacional (PAN), se inscribió a la contienda interna de Va por México para buscar el cargo a “responsable” del Frente Amplio por México (FAM), lo cual es un eufemismo para ser el candidato a la presidencia de la república por la coalición opositora.
Además, Santiago Creel ha utilizado su exposición como funcionario para fijar postura como aspirante a “responsable” del FAM, lo cual, a ojos de Robles Gómez, vicia el proceso electoral, pues modifica la percepción de la ciudadanía ante un periodo de definición para los perfiles que buscan la silla presidencial en 2024.
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Fueron estos factores los que valoró Alejandro Robles para calificar los actos De Santiago Creel como una promoción personalizada a costillas del erario y, como el presupuesto diario de la Cámara de Diputados ronda los 20 millones de pesos diarios, el morenista calculó una deuda de 400 millones de pesos; sin embargo, reconoció que él no es la autoridad para definir el tamaño del daño al erario.
Por ello, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Contraloría de la Cámara de Diputados. Al respecto, el también secretario de la Comisión de Justicia recordó que se buscó por otras vías que Santiago Creel solicitara licencia como legislador tras su adscripción a la contienda interna de la alianza establecida entre el PRI, PAN y PRD.
Cabe recordar que el miércoles 19 de julio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) instruyó al INE que emita lineamientos para regular los procesos internos tanto en Va por México como en Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pues tanto opositores como oficialistas ya realizan actos políticos que tienen como objetivo la presidencia de México en 2024.
Para que el INE pueda realizar dicha encomienda, el Tribunal planteó cinco puntos mínimos que deben de cumplir los aspirantes a “responsables” del FAM o coordinadores” de la “defensa de la Cuarta Transformación (4T):
1. No se pueden utilizar las prerrogativas de radio y televisión de los partidos políticos para difundir o posicionar estos procesos partidistas ni a las personas que participan en ellos.
2. No está permitido el uso de recursos públicos y las personas servidoras públicas deben acatar su deber de neutralidad e imparcialidad.
3. Siguen prohibidos los actos anticipados de precampaña y campaña.
4. El INE debe definir, conforme a la naturaleza de este tipo de procesos, qué tipo de propaganda está permitida, valorando la permanencia o retiro de la propaganda masiva en espectaculares, vehículos de transporte público y pintas de bardas. Además, debe garantizar el retiro de la propaganda que considere prohibida.
5. Se debe implementar una fiscalización especializada para vigilar el origen y destino de los recursos utilizados en estos procesos, contabilizando todas las actividades y propaganda que beneficie o posicione a las personas participantes. El INE deberá emitir un informe con los gastos contabilizados y definir la consecuencia de esta fiscalización.
Los escenarios favorables para Santiago Creel
Aunque el diputado de Morena ya solicitó a las autoridades competentes que investiguen las actividades De Santiago Creel para que establezcan su responsabilidad y el tamaño del daño que éstas puedan llegar a tener, cabe recordar que en este momento la Cámara de Diputados no está en sesiones y lo que existe en el legislativo mexicano es la Comisión Permanente.
Asimismo, las reglas que presuntamente violó Creel Miranda aún no existen, pues a penas el miércoles pasado fue cuando el TEPJF ordenó al INE que regule estos procedimientos “novedosos” por los cuales la clase política busca ganar simpatías ante el electorado.
Esto plantea dos posibles escenarios a los que puede apelar Creel Miranda. El primero de ellos es que, como la Cámara de Diputados no está en funciones, el presupuesto de que Creel ejerce como presidente de San Lázaro podría ser eludido, pues no hay Cámara cual presidir.
Por el otro lado, el que las autoridades electorales no tengan un mecanismo claro y definido que establezca la actuación de las personas que estén participando en los actos políticos rumbo a las elecciones de 2024, da pie a que se argumente que no se violó ningún criterio, pues no existen aún.
