La Fiscalía General de la República (FGR) deberá acudir a la SCJN para desaforar a Uriel Carmona, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, pues el Congreso local de ese estado violó la Constitución de la república al no acatar lo acordado en San Lázaro, estimó el maestro Martínez Serrano, académico de la facultad de derecho de la Universidad La Salle.
Hasta el momento, Carmona Gándara continúa teniendo su fuero constitucional como persona servidora pública por un acuerdo promovido en Morelos y, de acuerdo con este organismo, lo debe seguir teniendo hasta 2027, por lo que, al contravenir lo señalado por otro poder, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la facultada para definir.
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“Aquí, propiamente, quien estaría incumpliendo con el marco constitucional federal sería la legislatura del estado de Morelos”, señaló Alejandro Martínez en entrevista para Publimetro, pues el acuerdo que promovió el Congreso local contraviene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), pues con 230 votos a favor, 22 en contra y 170 abstenciones, los diputados federales retiraron el fuero a Carmona.
Al respecto, el académico advirtió dos contradicciones, la primera en razón jurídica, pues el Congreso local no respetó la jerarquía de la Cámara de Diputados y, la segunda contradicción, es en razón política, pues los votos para desaforar a Carmona provinieron de la 4T en San Lázaro, pero los votos para que retenga su inmunidad procesal también vienen de la 4T en Morelos.
Y, aunque la CPEUM contempla en su Artículo 111 que el proceso debe confirmarse en el Congreso local, el maestro Martínez precisó que se trata de una homologación, por lo que, cuando la FGR lleve el caso a la SCJN, se debería invalidar la votación del Congreso de Morelos e instruir un nuevo procedimiento que atienda lo que estableció el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Cabe recordar que Carmona es investigado por la FGR por varios delitos; sin embargo, desde 2020 la entidad a cargo de Alejandro Gertz Manero solicitó el desafuero del fiscal local por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio ilícito de servicio público, por lo que, de hallarlo culpable, podría ir hasta siete años a la cárcel, según el Código Penal Federal (CPF).
De tal modo que la Cámara de Diputados inició el proceso este año y, el miércoles concluyó que el fiscal debe de responder ante la ley sin ningún privilegio procesal. No obstante esta determinación del gobierno local abre una discusión que probablemente termine en la Suprema Corte. Mientras eso ocurre, el fiscal Carmona tiene inmunidad.
