Luis María Alcalde, secretaria de Gobernación, solicitó al Congreso de Unión que se inicie un juicio político en contra Crescencio Contreras Martínez, juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Tamaulipas, ya que sus resoluciones benefician a un grupo criminal.
En la denuncia, se notificó a los diputados federales sobre casos de alto impacto que derivaron en la liberación de los acusados por decisión de Contreras Martínez, como fue la liberación de varias personas de un grupo criminal, quienes presuntamente fueron los responsables del secuestro de 31 migrantes en Tamaulipas.
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También ha dictado sentencias que favorecen a la delincuencia organizada en temas de tráfico de fentanilo, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho.
“Se tuvo conocimiento de probables actuaciones por parte de dicho juez que favorecieron a integrantes de grupos criminales que operan en la frontera norte del país, a través de las cuales se fomenta la impunidad y se niega el derecho a la justicia al pueblo de México”, destacó la Segob.
Los elementos que se valoraron las determinaciones de dicho juez no están apegadas a derecho porque se ha sostenido criterios que permitieron la liberación de objetivos “generadores de violencia”.
“Se puede señalar que hubo, de parte del juzgador federal, desapego a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que deben regir la actuación de los jueces”.
Tras la entrega de la solicitud, será el Congreso de la Unión quien investigue y analice la actuación del juez, si se avanza en el proceso el Senado de la República debe proceder y determinar sobre su posible destitución.