Como parte de las 20 reformas constitucionales que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, este martes se explicó en la conferencia de prensa matutina la propuesta de “Reformas en materia de Austeridad y Remuneraciones”, con la que se busca desaparecer a organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
“Este paquete son tres iniciativas que tienen que ver con el tema de austeridad, el tope para salarios de funcionarios públicos y también con la eliminación de los supuestamente órganos autónomos”, explicó Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación.
Alcalde explicó que la Constitución “no contemplaba” el concepto de austeridad republicana, cuando “debería ser un principio rector para la correcta administración de los recursos públicos, de todos los mexicanos”, afirmó.
La secretaria afirmó que aunque en 2019 se aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana –que ha permitido liberar muchísimos fondos porque se acabaron los privilegios y los gastos superfluos–, “varias autoridades se han venido resistiendo a aplicar estos principios, escudándose en la división de poderes”.
“La propuesta es establecer primero el principio de austeridad republicana en el artículo 134 constitucional para que los recursos públicos se administren y ejerzan responsablemente”, comentó Alcalde, quien afirmó que se buscará que el Congreso expida una ley general de austeridad republicana, que sea obligatoria para todos los poderes.
También se busca prohibir la adquisición de bienes y servicios que no sean indispensables para las funciones propias del servicio público. “Eliminar cualquier tipo de gasto superfluo o que no sea necesario, y prohibir los esquemas que todavía vemos en algunas dependencias de jubilaciones, pensiones, retiros privados, seguros de separación, gastos médicos privados también, pagados con recursos públicos, cajas de ahorro, seguros de vida”, añadió.
Eliminar órganos autónomas, la única vía
“Sabemos que, en las últimas décadas, se han creado estos órganos constitucionales autónomos con funciones que antes estaban en las secretarías de Estado, funciones que ya existían y que formaban parte de la Administración Pública Federal, todo bajo el argumento de que iba a permitir su independencia tomar mejores decisiones, garantizar mejor la regulación en el mercado, que no hubiese injerencias externas, pero en los hechos conocemos que eso no sucedió”, afirmó Alcalde.
La secretaria de Gobernación calificó a los órganos independientes como “muy costosos, con infraestructura y estructuras robustas que han venido duplicando funciones y también debilitando la rectoría del propio Estado”.
En total, se está proponiendo que desaparezcan siete órganos autónomos o reguladores y que esas funciones regresen a las dependencias públicas. También busca desaparecer 17 organismos descentralizados y desconcentrados para que formen parte de las dependencias hoy responsables. El objetivo será utilizar “lo ahorrado” en financiar el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
¿Qué sucederá con cada organismo autónomo?
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). “Se crea en 2002, primero era IFAI, luego se adquieren mayores atribuciones en el 2014 como INAI. Cuesta mil 97 millones de pesos. Pero, en realidad, sabemos que desde su creación pues no ha habido mayor transparencia; al contrario. Hoy el INAI, cuando detecta un incumplimiento, no sanciona. Le dice a Función Pública o a los organismos encargados que abran un proceso administrativo”, afirmó Alcalde, señalando que la la propuesta será regresar a que las dependencias sean vigiladas por otros organismos, que estén “obligadas a transparentar la información y que puedan tener mecanismos ágiles y eficientes para sancionar a los funcionarios públicos”.
- Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). “Se crea en 1992. Era parte de la Secretaría de Economía y, después, con las famosas reformas estructurales del entonces presidente Peña Nieto se vuelve un órgano autónomo. Hoy nos cuesta 688 millones de pesos, y la verdad es que no ha resuelto casos relevantes, de lo que más se conoce, pues son las limitaciones y sanciones que pone en el caso de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad y de empresas del Estado. La idea es que regrese a la Secretaría de Economía”, añadió.
- Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). “Se crea en 1996. Era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y después, igualmente, en las reformas estructurales, en el 2013, se vuelve un organismo autónomo. Cuesta mil 680 millones de pesos y tampoco ha sido efectivo para combatir los monopolios en el sector de telecomunicaciones y de radiodifusión, pese a que tiene una estructura gigantesca de costos elevadísimos. La idea es que pueda regresar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes”, añadió Alcalde.
- Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). “Tienen un presupuesto conjunto de más de 500 millones de pesos. Habían entregado varios permisos, concesiones a empresas extranjeras. La idea es que pueda ser la Secretaría de Energía la rectora en la política energética y regresar esas funciones a esta dependencia”, expresó.
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). “Se crea en 2004 como un organismo descentralizado, sectorizado de la Secretaría de Desarrollo, después adquiere su autonomía en 2014. Si bien las actividades del Coneval en la medición de la pobreza y la evaluación de las políticas públicas de desarrollo han sido sumamente importantes, sus funciones tienen mucha similitud con lo que hoy realiza el INEGI, por eso la idea es que este papel que hoy lleva a cabo el Coneval pueda formar parte del Inegi, con la autonomía necesaria”, afirmó.
- Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU). “Se crea en 2013 y sustituye al Instituto para la Evaluación de la Educación, en el marco de la reforma educativa. Se propone que pueda formar parte de la Secretaría de Educación Pública, con ello nos ahorraríamos varios millones de pesos, que formarían parte del Fondo de las Pensiones”.
