México se encuentra en una situación crítica de violencia contra periodistas al registrar durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, 3 mil 408 agresiones contra trabajadores de los medios de comunicación, lo que equivale a una cada 14 horas; asimismo 46 periodistas fueron asesinados y cuatro más desaparecidos.
Lo anterior fue informado por la organización ARTICLE 19, la cual destacó que durante la administración actual se registraron 179 agresiones en las ‘mañaneras’ e identificó que autoridades municipales y estatales de 20 entidades de la República Mexicana repitieron 62 veces el mismo discurso estigmatizante, con señalamientos como: “hampa del periodismo”, “hipócritas”, “prensa fifí, “conservadores”, “fantoches”, “doble cara” y “corruptos”.
En el panorama nacional, refirió que se registraron agresiones contra periodistas y medios de comunicación en todos los estados del país; no obstante, los mayores índices de violencia se registraron en la CDMX (582), Guerrero (247), Puebla (241), Quintana Roo (236) y Veracruz (199).
Asimismo, la organización insistió sobre la estrategia de control de líneas editoriales que mantiene el gobierno a través del gasto en comunicación oficial. De los 916 medios de comunicación que recibieron publicidad oficial durante el gobierno de López Obrador, los primeros 10 concentraron 47.08% de total de los recursos.
La crisis de los desaparecidos
Según reportes retomados por ARTICLE 19, del 1 de diciembre de 2018 hasta agosto de 2023 se registraron 44 mil 073 personas desaparecidas, esto significa que más del 40% del total de las desapariciones reportadas desde 1965 ocurrieron durante el actual gobierno del presidente López Obrador. En estos seis años, un promedio de 25 personas ha desaparecido cada día, y una cada hora.
A esto se suma que en 2023 el presidente anunció la realización del Censo Nacional de Personas Desaparecidas a cargo de la Secretaría de Gobernación, institución que no cuenta con las facultades de ley para la búsqueda de personas desaparecidas en el país, y que presentó entre sus resultados que de las 110 mil 964 personas desaparecidas solo 12 mil 377 estaban confirmadas como tal, pues las otras entraban en categorías como “no hay información para la búsqueda”, “carecen de datos para la identificación”, “personas ubicadas” y “personas localizadas”.
En el mismo sentido, el informe señala que pese a la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada en 2018 y la insistencia de diversos colectivos y personas para acelerar la colaboración interinstitucional para la búsqueda de personas desaparecidas, la apertura del gobierno con relación al tema ha sido mínima.
