México Evalúa presentó dos encuestas aplicadas a personal judicial y abogados litigantes, en donde sobresale que 69% del personal afirmó haber sufrido en algún momento uno o varios ataques en relación con su ejercicio profesional; La violencia e inseguridad se incrementan en especial contra defensores de derechos humanos.
En conferencia de prensa, el organismo informó que de las personas juzgadoras encuestadas 21% reportó haber vivido algún acto de ataque o amenaza a su integridad durante los últimos diez años, mientras que 52% del personal notificador o actuario (quienes dan trámite a las resoluciones judiciales), aseguró haber sufrido agresiones.
Del 1 de enero de 2023 al 17 de enero de 2024 se identificaron 167 señalamientos contra el personal judicial de los cuales el 98% consistieron en declaraciones públicas, 88% fueron declaraciones públicas emitidas directamente por el Presidente de la República.
“Para que todas las personas tengamos acceso a una justicia libre de injerencias y presiones indebidas, el personal judicial debe contar con garantías para desarrollar sus funciones en un marco de independencia. Una de estas garantías es la protección a su integridad”, apuntó Mariana Campos, directora general de México Evalúa durante la presentación de los análisis.
Entre los ataques más frecuentes resaltan amenazas, agresiones y extorsión. Las agresiones hacia el personal jurisdiccional y las personas abogadas litigantes derivan en afectaciones graves en la salud, economía y relaciones familiares.
Para las personas que litigan se perciben importantes afectaciones en el ejercicio de su trabajo, como el abandono de casos, la decisión por abandonar el litigio por completo y una disminución en la calidad de su trabajo. En el caso del personal judicial se amenaza el acceso a la justicia y la independencia judicial.
Los causantes de las agresiones hacia el personal judicial suelen ser las partes del juicio, la persona imputada o alguien de su entorno, integrantes de grupos de la delincuencia organizada, y el propio Estado, a través de las fiscalías y los ejecutivos federal y local.
