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Estados Unidos aprieta tuercas contra narcos, sanciona a líderes del Cártel del Noreste

El Departamento del Tesoro aplicó medidas contra Miguel Ángel de Anda Ledezma y Ricardo González Sauceda quienes ahora son considerados terroristas.

Ahora tocó el turno al Cártel del Noreste, el gobierno de Estados Unidos dio un nuevo paso en su lucha contra el crimen organizado transnacional al imponer sanciones económicas a dos líderes de alto rango de esta organización criminal considerada una de las más violentas en México y clasificada oficialmente como una Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés).

Este miércoles, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro informó que Miguel Ángel de Anda Ledezma y Ricardo González Sauceda fueron incluidos en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés), lo que implica el congelamiento de sus activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de que ciudadanos o empresas estadounidenses mantengan relaciones comerciales con ellos.

Según el reporte difundido por la embajada de ese país, ambos individuos tienen vínculos directos con acciones terroristas, tráfico de armas y narcotráfico.

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De acuerdo con el comunicado oficial, De Anda, con base en Nuevo Laredo, Tamaulipas, es responsable de coordinar la compra ilegal de armas en Estados Unidos mediante transacciones ficticias y facilitadores que engañan a vendedores estadounidenses.

Estas armas han sido utilizadas en actos de violencia, incluyendo un ataque a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en marzo de 2024.

Por su parte, González Sauceda, quien fue arrestado en febrero de 2025, fungía como segundo al mando del CDN y lideraba una célula armada del grupo.

Está vinculado a un ataque armado en agosto de 2024 que dejó un saldo de dos soldados mexicanos muertos y cinco heridos. Durante su detención, las autoridades encontraron en su poder un arsenal, así como metanfetamina y un paquete con mil 500 pastillas de fentanilo.


Organización terrorista

El reporte destaca que el historial violento del Cártel del Noreste incluye un ataque con armas de fuego y granadas contra el Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo en marzo de 2022, lo que obligó a su cierre temporal.

Enfatiza que este acto fue calificado por las autoridades estadounidenses como terrorismo con la intención de intimidar al cuerpo diplomático.

En consecuencia, el Departamento de Estado designó oficialmente al CDN como una Organización Terrorista Extranjera el 20 de febrero de 2025, además de incluirlo como un Terrorista Global Especialmente Designado.

El grupo, que anteriormente operaba bajo el nombre de Los Zetas, ya había sido identificado por el gobierno estadounidense como un importante traficante internacional de narcóticos desde 2009.

El Departamento del Tesoro explica que la acción de sancionar a De Anda y González es resultado de una estrecha colaboración entre la OFAC, agencias estadounidenses como la DEA, ATF y HSI, así como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.


El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que estas sanciones reflejan el compromiso de la administración estadounidense de erradicar el poder de los cárteles: “El Cártel del Noreste ha llevado a cabo una violenta campaña de terrorismo e intimidación que amenaza la seguridad de comunidades en ambos lados de la frontera. No permitiremos que estos criminales se financien con dinero estadounidense ni accedan a nuestras armas”.

¿Qué implican las sanciones?

Las sanciones prohíben toda transacción entre ciudadanos o empresas estadounidenses y los sancionados.

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También bloquean los bienes que puedan tener bajo jurisdicción de Estados Unidos, y advierten sobre la posibilidad de sanciones secundarias a instituciones financieras extranjeras que faciliten actividades en su nombre, además que las violaciones a estas restricciones pueden conllevar sanciones civiles o penales severas.

Aunque la medida busca aislar financieramente a los líderes del CDN, la OFAC recordó que su objetivo final es generar un cambio de comportamiento y ofrece mecanismos legales para solicitar la remoción de la lista SDN si los designados cesan sus actividades ilícitas.

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