Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), agradeció a las personas que votaron por ella para que continúe en el cargo y presumió las acciones que llevó a cabo en ese puesto desde que fue nominada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2023, fecha en que se pronunció por democratizar al Poder Judicial y tomar decisiones con un sentido de justicia social.
“Desde junio del año pasado, elaboré un diagnóstico del Poder Judicial que presenté en casi un centenar de eventos. A partir del 30 de marzo, cuando inició la campaña, tuve oportunidad de acudir por segunda ocasión a cada estado y exponer que el viejo Poder Judicial ha sido elitista, lento, abusivo, clasista, racista, sexista, nepotista y corrupto”.
Batres también dijo que se comprometió a impulsar la justicia social por medio de criterios que hagan justiciables los derechos sociales y sin invadir las facultades del Legislativo ni Ejecutivo, pero sin que eso implique que los derechos sigan como letra muerta en los juzgados.
En otra parte de su mensaje criticó los altos sueldos, no solo de los ministros, sino demás de dos mil trabajadores del Judicial que ganan más que la presidenta Claudia Sheinbaum, pese a que eso está prohibido en la Constitución.
“Hay dos mil 377 personas en el Poder Judicial de la Federación que cobran una remuneración mayor que la de la persona titular de la Presidencia de la República, abuso que asciende a dos mil 167 millones de pesos al año.
“Esta ministra y su equipo, ahorramos al erario casi 15 millones de pesos en un año y cuatro meses que teníamos antes de iniciar la campaña. Devolví y dejé de cobrar tres millones 900 mil pesos en ese lapso. Sin que suene a presunción personal, puedo decir que prediqué con el ejemplohttps://www.publimetro.com.mx/nacional/2025/06/02/eleccion-judicial-supera-la-revocacion-de-mandato-de-amlo-en-2022/”.
Finalmente, cuestionó las maniobras de algunos ministros para echar atrás la reforma judicial, por medio de un paro de actividades de dos meses y medio, que implicó detener cerca de medio millón demamparos; el acoso judicial que significó la admisión y otorgamiento de más de 500 suspensiones
inconstitucionales contra la reforma, así como la pretensión de invalidar la propia reforma en la Corte a través de consultas a trámite y acciones de inconstitucionalidad.
