El anuncio realizado por Octavio Romero Oropeza, director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), sobre la regularización de 145 mil viviendas ocupadas de manera irregular, ha generado un intenso debate a nivel nacional. La propuesta presentada en la “mañanera del pueblo”.
De acuerdo con Romero, un censo conjunto con la Secretaría del Bienestar reveló la existencia de 843 mil viviendas problemáticas en el inventario del Infonavit. De las 168 mil ya censadas, 145 mil están ocupadas irregularmente, ya sea por beneficiarios que abandonaron sus pagos o por personas que ocuparon casas abandonadas. Las 23 mil restantes están deshabitadas o vandalizadas.
La propuesta, respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, evita los desalojos y plantea un esquema de renta con opción a compra a precios accesibles, incluso para quienes no son derechohabientes. El objetivo es que las familias puedan pagar y adquirir legalmente la propiedad en 4 a 5 años, con base en el valor contable del inmueble.
¿Qué pasa con los dueños originales?
En caso de que los propietarios originales deseen recuperar su vivienda, se contempla su reposición con alguna de las 23 mil viviendas desocupadas, así como opciones de reestructuración de créditos.
Sin embargo, la medida no aplicará en casos con denuncia penal por despojo, según indicó recientemente la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. En esos casos, se respetará el proceso legal correspondiente.
Voces en contra: iniciativa “legaliza el robo”
El anuncio ha generado posturas encontradas. Mientras el gobierno defiende la medida como una acción de justicia social, críticos como Ricardo Salinas Pliego y el senador priista Manuel Añorve la califican como un incentivo a la ocupación ilegal. En redes sociales, algunos usuarios denuncian que la iniciativa “legaliza el robo”, mientras otros la ven como una solución ante la falta de vivienda digna.
El contexto incluye problemas estructurales en el Infonavit, como créditos impagables, corrupción y juicios fraudulentos. Desde noviembre de 2024, se han congelado 4 millones de créditos y se han presentado 150 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR). El debate continúa sobre si esta medida atiende un problema social o compromete la legalidad en materia de propiedad privada.
