Este martes, se confirmó la primera renuncia de un juzgador federal electo por voto popular, a tan sólo cinco meses de haber asumido el cargo. La dimisión marca un precedente inédito para la estabilidad del nuevo modelo judicial.
Hasta el momento, no se ha revelado el nombre del renunciante, lo que ha alimentado conjeturas sobre posibles causas relacionadas con la privacidad, investigaciones internas o presiones políticas. Ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente.
El hecho fue dado a conocer por periodistas como Leti Robles de la Rosa y Luis Cárdenas, quien destacó en una transmisión en vivo: “Renuncia el primer juzgador federal electo popularmente”. La noticia ocurre en medio de la implementación acelerada de la reforma judicial impulsada por los gobiernos de la autollamada Cuarta Transformación (4T), que defiende el modelo pese a las fallas iniciales.
Un vacío legal y un dilema institucional
La renuncia plantea un desafío jurídico: ¿cómo sustituir a un juez electo popularmente? La legislación no prevé mecanismos claros para cubrir vacantes surgidas tras las elecciones, lo que podría abrir la puerta a designaciones temporales por parte del Senado o el Ejecutivo, reviviendo críticas de un posible “dedazo”.
En redes sociales, el caso ha polarizado las opiniones: simpatizantes del gobierno lo ven como un “ajuste natural”, mientras que opositores lo interpretan como síntoma de una crisis estructural dentro del Poder Judicial.
Desde la aprobación de la reforma en septiembre de 2024, más de un centenar de juzgadores han presentado su renuncia o retiro anticipado. La medida, que busca “democratizar” la justicia mediante voto popular, enfrenta críticas por la politización y pérdida de independencia judicial.