Por primera vez en casi un siglo, 55 ciudadanos mexicanos que enfrentaban procesos penales fueron trasladados a Estados Unidos sin seguir un procedimiento formal de extradición, pese a que la mayoría se encontraba en plena defensa jurídica y sin sentencia firme en México.
De acuerdo con información oficial, los traslados se realizaron en dos bloques:
- 29 personas el 27 de febrero, y
- 26 más el 12 de agosto de 2025.
Tanto autoridades mexicanas como estadounidenses calificaron estas acciones como “transferencias” o “entregas”, e incluso en algunos comunicados se utilizó el término “deportaciones”.
No obstante, especialistas subrayan que esta figura no es aplicable a ciudadanos mexicanos, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la expulsión o deportación de nacionales.
La mayoría no tenía sentencia y algunos contaban con fallos favorables
Según autoridades consultadas, la mayoría de los 55 mexicanos no contaba con sentencia definitiva, y en algunos casos existían resoluciones judiciales favorables emitidas por tribunales mexicanos.
Pese a ello, el Gobierno decidió enviarlos fuera del país sin un control judicial previo, sin intervención de un juez y al margen de los mecanismos de extradición establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales vigentes entre México y Estados Unidos.
Violación grave a derechos humanos y al debido proceso
Especialistas en derecho constitucional y derechos humanos coinciden en que estas acciones no representan una simple irregularidad administrativa, sino una grave violación al debido proceso, al derecho a la defensa y a la garantía constitucional de que ningún ciudadano puede ser privado de su libertad o expulsado del país sin las formalidades legales correspondientes.
“El traslado forzado sin proceso judicial constituye una vulneración directa a los derechos humanos y a los principios básicos del Estado de derecho”, advierten expertos en la materia.
Discurso oficial contradice los hechos
El Gobierno ha reiterado en distintas ocasiones que los derechos humanos deben respetarse en todos los casos, incluso cuando se trata de personas acusadas de delitos de alta peligrosidad. En diversos mensajes ha sostenido que:
“Los derechos humanos no son negociables y deben ser respetados incluso por aquellos que han cometido delitos graves”.
Sin embargo, analistas en materia de seguridad y justicia consideran que el discurso oficial se debilita frente a los hechos, ya que el envío masivo de ciudadanos mexicanos al extranjero sin extradición contradice la narrativa gubernamental sobre la defensa irrestricta de los derechos humanos.
Un precedente histórico y controvertido
Para los especialistas, estas transferencias sientan un precedente sin precedente reciente, al permitir la entrega de ciudadanos mexicanos a otro país sin juicio, sin orden judicial y sin garantías procesales, lo que podría abrir la puerta a futuras violaciones sistemáticas del Estado de derecho.
Por ello los especialistas en materia de seguridad exigen una explicación del “destierro” de los 55 mexicanos que fueron trasladados al país vecino y acusaron que no han tenido asistencia consular y han sufrido torurta.
“El respeto a los derechos humanos no puede ser selectivo ni discursivo; debe reflejarse en las decisiones de gobierno”, concluyen.