El descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec - ocurrido en Oaxaca - no solo dejó una estela de muerte y lesiones - 13 fallecimientos y 98 heridos - sino que puso bajo la lupa a un proyecto marcado desde su origen por irregularidades financieras, fallas de supervisión y posibles daños al erario.
Los documentos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revelaron que, desde el año 2020 y hasta el 2023, la rehabilitación de la Línea Z del Tren Interoceánico acumuló - posibles daños al erario - por más de 33 millones 585 mil 934 pesos, esto derivado de pagos por obras inexistentes, sobrecostos y hasta la presunta existencia de “personal fantasma”.
Asimismo, datos de la Cuenta Pública 2020 apuntan que uno de los hallazgos más llamativos, es el pago de letreros normativos de obra, mismos que nunca pudieron ser acreditados, esto pese a que la empresa alegó vandalismo.
¿Qué anomalías tuvo el Tren Interoceánico?
De acuerdo con una serie de reportes, en medios de comunicación, en el tramo de La Mata - Colonia Jordán, se detectó un pago excedente por balasto - la piedra que sostiene las vías - debido a que el volumen cobrado fue mayoral realmente colocado.
A esto se suma el sobrecosto por rieles de mayor peso y precio, mismos que según la ASF nunca fueron colocados.
Entre las anomalías más graves, está del tramo Ubero - Mogoñé, donde se entregó un anticipo de 187.9 millones de pesos - cantidad equivalente al 20% del contrato - sin embargo, la auditoría constató que los trabajos no habían iniciado, dado que no se presentó documentación que acredite el uso correcto del recurso.
Las irregularidades no se detuvieron ahí. En la Cuenta Pública 2023, el órgano fiscalizador detectó pagos en exceso por 28.8 millones de pesos que siguen sin aclararse.
El mayor “agujero” financiero, de 17.6 millones de pesos, se localizó en un contrato donde se inflaron costos de mano de obra y maquinaria: cuadrillas, locomotoras y camiones que no aparecían en reportes ni evidencia fotográfica.
Incluso se documentó el llamado “riel fantasma”: se pagó por rieles de mayor peso y costo cuando en realidad se instalaron otros más ligeros y baratos. Aunque se alegó un “error mecanográfico”, la ASF mantuvo la observación al no justificar la diferencia económica.
En tanto, tras el descarrilamiento que cobró vidas humanas, las auditorías adquieren un nuevo peso político y social. La pregunta ya no es solo dónde quedó el dinero, sino si las fallas detectadas desde hace años contribuyeron a una tragedia que pudo evitarse.