El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, salió a detallar el costo real de las camionetas blindadas recientemente adquiridas para ministras y ministros, luego de que la compra generara un amplio debate público sobre el uso de recursos y el compromiso de la Corte con la austeridad.
¿Cuánto costaron realmente las camionetas?
En conferencia de prensa, Aguilar Ortiz comentó que los vehículos no costaron los 3.5 millones de pesos por unidad que se había difundido en algunos medios, sino alrededor de 2.4 millones de pesos ya con el blindaje incluido, gracias a negociaciones para conseguir un precio menor al de mercado.
El anuncio ocurre en medio de un contexto en el que la Corte enfrenta cuestionamientos por la adquisición de nueve camionetas blindadas, una para cada uno de los ministros que integran el pleno del máximo tribunal constitucional en el país.
Polémica y respuesta institucional
La compra de estos vehículos se dio a conocer la semana pasada y fue justificada por la Corte como una medida para garantizar la seguridad y protección de los ministros, argumentando que los vehículos anteriores ya no cumplían con estándares adecuados.
Sin embargo, la decisión provocó críticas que apuntan a una contradicción con las promesas de austeridad y cercanía con la ciudadanía hechas por la nueva administración del órgano judicial.
Autoridades externas, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, solicitaron aclaraciones sobre el proceso y los costos involucrados.
Tras el debate público, la propia SCJN informó que los ministros han decidido no utilizar las camionetas blindadas y que se iniciará el proceso para devolverlas o reasignarlas a jueces y magistrados que enfrentan mayores riesgos, de acuerdo con la normativa vigente.
Aun cuando la Corte defendió que la compra se realizó conforme a sus criterios internos de seguridad institucional, la controversia ha generado un llamado a transparentar no solo los costos, sino las razones y procedimientos detrás de este tipo de adquisiciones.
Además, las autoridades judiciales han reiterado su compromiso con el uso responsable de los recursos públicos y han programado una conferencia para ampliar detalles sobre esta decisión.