En el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), el Poder Judicial de la Federación concedió un amparo a la notaria pública y abogada Norma Romero, activista en la defensa de los derechos patrimoniales de las mujeres, luego de determinar que un funcionario del Infonavit utilizó su cargo para desacreditarla y obstaculizar su ejercicio profesional.
La resolución judicial concluyó que el entonces delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Puebla, Antonio Kuri Alam, actuó fuera del marco legal al integrar el expediente administrativo 114/2020 y al impulsar acciones institucionales que afectaron la reputación y actividad profesional de la abogada.
De acuerdo con la sentencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la autoridad responsable omitió aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que derivó en un procedimiento irregular.
“Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, el fallo ordena reponer las actuaciones, emitir nuevos acuerdos debidamente fundados y motivados, recabar y perfeccionar pruebas, y resolver conforme a derecho”, señala la resolución.
Procedimiento deberá llevarse con perspectiva de género
La sentencia también establece que el procedimiento deberá conducirse con perspectiva de género y sin revictimizar a Norma Romero, quien promovió el juicio de amparo tras denunciar actos que, sostuvo, afectaron su reputación, su ejercicio profesional y su estabilidad emocional.
Romero Cortés ha destacado por su labor en la defensa de los derechos patrimoniales de las mujeres, especialmente en temas relacionados con vivienda, sucesiones y regularización de propiedades. Desde el ámbito notarial ha impulsado asesorías jurídicas con enfoque de género y ha acompañado a mujeres que enfrentan conflictos legales derivados de violencia económica o despojo.
El origen del conflicto
El conflicto se remonta a 2020, cuando legisladores federales solicitaron investigar a Antonio Kuri Alam por presuntamente utilizar su cargo para desacreditar a la abogada.
Según un punto de acuerdo presentado en la Cámara de Diputados, el antecedente se originó en una asesoría que la Notaría Número 4 brindó en 2014 a una ciudadana, lo que habría generado inconformidad del entonces empresario, quien posteriormente se convertiría en delegado del Infonavit en Puebla.
Tras asumir el cargo en 2016, el funcionario habría bloqueado sin motivación ni fundamentación legal los servicios profesionales que la notaría prestaba al instituto, afectando el patrimonio moral y económico de Romero Cortés.
Señalamientos de agresión e intimidación
La situación escaló el 4 de febrero de 2020, cuando —según la denuncia de la activista— el entonces delegado se le acercó en un lugar público y, en tono agresivo, se identificó como “Tony Kuri Alam”. Frente a varias personas la insultó llamándola “ratera” y exigiéndole que devolviera “lo robado”, pese a que los juicios promovidos en su contra habían sido resueltos a su favor.
Ante lo que describió como un clima de intimidación institucional, el 14 de diciembre de 2020 Romero Cortés presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, registrada con el número CNDH/4/2021/917/Q.
Posteriormente, el caso fue turnado a la Fiscalía General de la República, que lo canalizó a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA). El 11 de marzo de 2021 se inició la carpeta de investigación correspondiente.
Un fallo con impacto en la defensa de las mujeres
Cinco años después del inicio del procedimiento administrativo, el amparo representa un revés judicial a la actuación institucional y obliga al Infonavit a rehacer la investigación conforme al marco legal, garantizando el debido proceso y los derechos de la abogada.
En el contexto del 8M, el caso de Norma Romero Cortés visibiliza los desafíos que enfrentan las mujeres que defienden derechos y participan en el ámbito jurídico, así como la importancia de que las autoridades actúen con perspectiva de género para evitar prácticas de intimidación o desacreditación desde el poder público.