El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, fue absuelto del delito de delincuencia organizada, luego de que un juez federal determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró acreditar su responsabilidad penal en esa causa.
La resolución fue emitida por el juez Gustavo Eduardo Alonso Ortiz, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Xochitepec, Morelos, y representa un giro relevante en uno de los procesos judiciales que enfrentaba el exmandatario priista.
Con esta decisión, Borge podrá abandonar el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos, donde ha permanecido recluido, aunque no quedará completamente libre debido a que continúa sujeto a otro proceso penal por presunto lavado de dinero.
FGR no acreditó delincuencia organizada
De acuerdo con la resolución judicial, la FGR no acreditó la responsabilidad penal del exgobernador en el delito de delincuencia organizada relacionado con presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Borge había sido vinculado a proceso por delincuencia organizada en marzo de 2023, dentro de una carpeta de investigación que complicó sus posibilidades de dejar el penal federal de Morelos.
Aunque el fallo ordena su libertad respecto a esta causa penal, el exfuncionario continuará bajo medidas judiciales por otro expediente relacionado con presunto lavado de dinero.
Continuará proceso en prisión domiciliaria
En el caso por lavado de dinero, Borge ya había obtenido desde 2023 el beneficio de prisión domiciliaria, aunque seguía recluido debido al proceso por delincuencia organizada.
Tras la absolución, se prevé que el exgobernador abandone el penal federal en las próximas horas o, a más tardar, el 29 de mayo, para ser trasladado a un domicilio donde continuará enfrentando el proceso judicial pendiente.
La medida no implica el cierre total de sus asuntos legales, sino el cambio de condiciones bajo las cuales enfrentará la causa vigente.
Proceso judicial cambia de etapa
Roberto Borge, quien gobernó Quintana Roo de 2011 a 2016, fue detenido en Panamá en 2017 y posteriormente extraditado a México, donde ha enfrentado diversos señalamientos relacionados con presuntas irregularidades durante su administración.
La absolución por delincuencia organizada reduce uno de los frentes penales más importantes contra el exmandatario; sin embargo, su situación jurídica continuará sujeta a las determinaciones del juez en el proceso por presunto lavado de dinero.