Luego de que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan diera a conocer el caso de Anayeli, una niña del municipio de Cochoapa, Guerrero, quien fue encarcelada por huir de un matrimonio forzado, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, señaló que se está trabajando en coordinación con distintas instituciones para afrontar el problema.
De acuerdo a lo relatado por el CDHM Tlachinollan, el martes 23 de noviembre la organización acudió a la comunidad de la comunidad de Joya Real para auxiliar en el caso de Anayeli, y fue la misma organización la que invitó al personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que se liberara a la menor.
En el marco de la entrega del programa Apoyo para la rehabilitación e inclusión para el bienestar de niños y niñas con discapacidad, la mandataria estatal informó que los dos menores de 13 años involucrados en el matrimonio forzado fueron puestos bajo el resguardo del DIF estatal.
Salgado Pineda detalló que los menores se encuentran bien de sus facultades físicas y que están recibiendo atención psicológica. Asimismo, aseguró que los usos y costumbres de los pueblos no están por encima de la Constitución y que se está actuando con apego a los protocolos de la estrategia nacional.
“Se está actuando bien y con rapidez, pero sobre todo con eficacia y con apego a los protocolos”, explicó la gobernadora, quien también destacó la participación de las organizaciones de derechos humanos.
Inoperantes los planes y programas para erradicar la violencia contra las mujeres
El CDHM Tlachinollan detalló en el comunicado en el que informa sobre el caso de Anayeli, que la estrategia impulsada por el gobierno de Salgado Pineda, el Instituto Nacional de Mujeres y ONU Mujeres el pasado 10 de noviembre no toma en cuenta a las mujeres indígenas.
La organización de derechos humanos aseguró que las consecuencias son fatales en las comunidades indígenas porque la situación no ha cambiado, y no existe ningún mecanismo que proteja a las niñas contra la práctica de los matrimonios forzados.
El centro de derecho humanos aseguró que lo sucedido en Cochoapa pone en evidencia la “inoperancia” de las estrategias y programas de los gobiernos federal y estatal, para combatir y erradicar a violencia contra las mujeres.
Finalmente, la organización indica que todavía no existe un mecanismo sencillo para atender casos como el de Anayeli, y que para atender la problemática en la región se necesita a personas que puedan entablar una conversación en las lenguas vernáculas de la zona, así como de la cultura y los derechos de los pueblos indígenas.
