Una asociación de abogados denuncia violaciones a manifestantes detenidas en la capital, Jartum
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
Naciones Unidas ha expresado su alarma por las denuncias sobre incidentes de violencia sexual y acoso por parte de las fuerzas de seguridad de Sudán durante las últimas manifestaciones en la capital, Jartum, después de que un organismo local denunciara este tipo de agresiones contra activistas detenidas en las movilizaciones.
La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell, ha indicado durante una rueda de prensa en la ciudad suiza de Ginebra que el organismo «ha recibido acusaciones sobre trece mujeres y niñas víctimas de violación o violación en grupo».
«Hemos recibido además denuncias sobre acosos sexual por parte de las fuerzas de seguridad contra mujeres que intentaban escapar del área situada en los alrededores del Palacio Presidencial –epicentro de las protestas y los enfrentamientos– durante la tarde del domingo», ha señalado.
Durante la jornada del lunes, la Asociación de Abogados de Darfur indicó que contaba con testimonios de varias mujeres violadas por las fuerzas de seguridad tras la detención el domingo, así como con la declaración de testigos respaldando estas denuncias.
«Los testimonios de algunas supervivientes de violación revelan que (miembros de las fuerzas de seguridad) las amenazaron con presentar una demanda contra ellas por prostitución para forzarlas a permanecer en silencio», dijo, tal y como ha recogido el portal sudanés de noticias Sudan Tribune.
Throssell ha resaltado que dos manifestantes murieron y cerca de 300 resultaron heridos a causa de la represión de las protestas, en las que participaron decenas de miles de personas para conmemorar el tercer aniversario de la revolución contra el expresidente Omar Hasán al Bashir y protestar contra el golpe de Estado del 25 de octubre y el posterior acuerdo político de noviembre.
«Reclamamos una investigación rápida, independiente y exhaustiva en torno a las acusaciones de violación y acoso sexual, así como las acusaciones sobre muertos y heridos entre los manifestantes como resultado de un uso de la fuerza innecesario y desproporcionado, en particular el uso de fuego real», ha señalado Throssell.
En este sentido, ha hecho hincapié en que «los responsables deben ser identificados y juzgados» y ha agregado que «con las nuevas protestas planeadas para este fin de semana y las próximas semanas, es crucial que las fuerzas de seguridad garanticen y protejan el derecho a asamblea pacífica y actúen con total respeto a las leyes y estándares internacionales que regulan el uso de la fuerza».
Throssell ha dicho además que el organismo toma nota de la decisión de la Fiscalía de crear un comité para investigar las violaciones de Derechos Humanos y otros incidentes desde el golpe del 25 de octubre y ha reclamado que las autoridades publiquen las conclusiones, «con máxima transparencia», para que los responsables rindan cuentas.
Por otra parte, ha mostrado su preocupación por el aumento de la violencia intercomunitaria en Darfur y Kordofán Sur, incidentes que han dejado al menos 250 muertos y más de 50.000 desde septiembre. «Hemos visto graves fallos en la protección en Darfur, especialmente tras la reducción de las fuerzas de seguridad en zonas clave y los largos retrasos en la aplicación del Plan Nacional de Protección Civil», ha lamentado.
«Si bien las autoridades nacionales han ensamblado una fuerza de protección conjunta temporal con unos 3.000 agentes para su despliegue este mes, les pedimos que garanticen que esta fuerza recibe un entrenamiento exhaustivo en Derechos Humanos antes de su despliegue. Es esencial que los responsables de violaciones de los Derechos Humanos rindan cuentas, independientemente de su afiliación», ha remachado.
LAS PROTESTAS
Las protestas se han sucedido en el país desde el golpe de Estado, liderado por el jefe del Ejército y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan. La asonada disolvió el Gobierno de Abdalá Hamdok, nombrado a raíz del derrocamiento de Al Bashir en abril de 2019 tras semanas de protestas contra él.
Sin embargo, las presiones internacionales derivaron en un acuerdo para que Hamdok volviera al cargo, si bien parte del Ejecutivo y los principales socios civiles en la coalición han rechazado este pacto y han acusado al primer ministro de mantener negociaciones con los golpistas a pesar de la represión de las protestas contra la asonada, que dejaron decenas de muertos en el país africano.
Sudán fue escenario a mediados de septiembre de un intento de golpe a cargo de un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas supuestamente vinculados con Al Bashir, lo que se vio seguido de un aumento de las tensiones entre los elementos civiles y militares de las autoridades de transición que desembocó en el golpe de Al Burhan.
Las autoridades de transición fueron instauradas tras un acuerdo entre la junta militar anterior, surgida tras el golpe de Estado de 2019, y diversas organizaciones civiles y formaciones políticas opositoras. Este Gobierno había iniciado una batería de reformas sociales y económicas y ha alcanzado un acuerdo de paz con importantes grupos rebeldes de Darfur y otras zonas del país.
