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Córdova pide desestimar denuncias penales contra el INE: “Recuerda las peores prácticas autoritarias”

El consejero presidente del INE expresó que se realizará la consulta de revocación de mandato con los recursos disponibles

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Lorenzo Córdova, consejero presidente Instituto Nacional Electoral (INE), confió y deseó que pronto se enmiende el error y se desestimen las denuncias penales contra consejeros que respaldaron un acuerdo para  aplazar la revocación de mandato por falta de recursos.

A través de  un video en Twitter, expuso que las denuncias penales contra los servidores públicos se persiguen de oficio, por lo que siguen su proceso en la Fiscalía General de la República (FGR), y dijo que dicha denuncia, hecha por Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara de Diputados, “recuerda a las peores prácticas de regímenes autoritarios”.

Aseguró que las denuncias son “sobre presuntos delitos claramente inexistentes”, ya que sólo tienen propósitos políticos.

“Es un acto que recuerda las peores prácticas de los regímenes autoritarios, ya que perseguir a servidores públicos por tomar acuerdos y recurrir a otros poderes para tratar de cumplir con sus responsabilidades legales implica criminalizar el derecho a disentir”, puntualizó Córdova.

Expuso  que lo ocurrido es muy grave, pues “se traspasó una frontera que debería ser infranqueable y en la que se sustenta todo el arreglo democrático. Se quiso usar el brazo penal del Estado para amedrentar y amenazar a miembros de un órgano del mismo Estado,  por el simple hecho de que piensan distinto”, agregó.

En la grabación, en la que también envió felicitaciones por Año Nuevo, el consejero presidente del INE manifestó que siguen los trabajos del instituto para organizar el ejercicio de  revocación de mandato, a pesar de no contar con los recursos necesarios para llevarla a cabo con las características que exige la ley.

También enfatizó que el costo de la consulta que la ley exige para la revocación de mandato es de 3 mil 800 millones de pesos; sin embargo, la consulta se hará con menos recursos, pero  sin afectar y comprometer las facultades constitucionales del INE y los derechos laborales de quienes trabajan en el instituto.

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