MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
Varias comunidades de Arauca afectadas por el reciente enfrentamiento entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC han pedido este martes al Gobierno de Colombia que establezca un espacio de diálogo con todos los actores del conflicto, después de los últimos episodios de violencia registrados en la región el fin de semana y que dejaron al menos 23 muertos.
Una 600 personas de varias comunidades como Puerto Nidia, Puerto Miranda, La Orqueta, Nuevo Horizonte, se han reunido este miércoles en la localidad de Botalón junto a representantes, entre otros, de la Defensoría del Pueblo de Colombia, a petición de representantes y líderes sociales.
Los representantes de la sociedad civil le han hecho entrega a las autoridades estatales y municipales una lista de cuatro puntos, entre los que destaca reforzar la seguridad de los municipios afectados por la violencia y eso pasa, aseguran, por no comprometer a la población atrincherando a los efectivos de las fuerzas del orden en escuelas, centros y viviendas de estas localidades.
Las comunidades afectadas han solicitado al Gobierno de Colombia que abra unos espacios de diálogo con los actores del conflicto armado, bajo la supervisión de organismos nacionales e internacionales como Naciones Unidas, o la Organización de Estados Americanos (OEA), cuenta el diario ‘El Espectador’.
Ante la posibilidad de desplazamientos forzados masivos debido a la situación que se vive en la región, han pedido también a las autoridades que pongan en marcha acciones y políticas públicas con las que se pueda garantizar a los afectados el acceso a la ayuda humanitaria necesaria.
Las comunidades colombianas fronterizas con Venezuela se han convertido en el escenario de luchas fratricidas entre los diferentes grupos armados que operan en Colombia, especialmente el ELN y las diferentes disidencias surgidas tras la desaparición de las FARC, sin olvidar las facciones paramilitares.
La región en disputa es un espacio estratégico de primer orden para el control de las economías irregulares, especialmente el tráfico de drogas, aunque también el contrabando de madera y minerales, debido a su orografía y difícil accesibilidad.
