Los partidos políticos peruanos han mostrado sus discrepancias tras la decisión adoptada por la fiscal general del país, Zoraida Ávalos, de iniciar una investigación preliminar contra el presidente, Pedro Castillo para después suspenderla hasta el final del mandato presidencial en julio de 2026, al entender que las pesquisas contravienen la Constitución al afectar a un presidente en el cargo.
La Fiscalía tenía previsto investigar las reuniones que, a mediados de octubre de 2021, Castillo mantuvo en el Palacio de Gobierno, con el gerente de la empresa Heaven Petroleum Operators, Samir Abudayeh, días antes de que éste lograra la adjudicación de un contrato millonario a través de Petroperú. Asimismo, al mandatario peruano se le atribuyen los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal de ciertos miembros de las Fuerzas Armadas.
Esta suspensión es solo respecto al presidente, y no incluye al ministro de defensa, Walter Ayala Gonzales, al exsecretario de la presidencia Bruno Pacheco, la lobista Karelim López, o al propio empresario Samir Abudayeh. Además, la investigación preliminar de las fiscalías provinciales a los otros implicados también va a continuar, lo que permitirá recoger evidencias que luego podrán servir en el proceso al presidente.
De todas formas, el diputado de Fuerza Popular, principal partido de oposición del país, Héctor Ventura no descartó citar al presidente ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de República, que él mismo dirige, para que responda por los cargos en su contra.
«Hay probabilidades de que nosotros invitemos al presidente de la República. Creo que es un momento ideal para que el presidente tenga a bien rendir cuentas al país. Lo que el Perú quiere es saber la verdad de los hechos. Claro, el Ministerio Público va a realizar investigaciones preliminares, pero el presidente tendría el escenario político adecuado para rendir cuentas», ha declarado Ventura en comentarios al portal Exitosa Noticias.
Por su parte, la bancada parlamentaria de Acción Popular, tercera fuerza en el Congreso, ha exigido a la Fiscalía que aclare inmediatamente la suspensión de las investigaciones contra Pedro Castillo porque sospechan que «no solo representaría blindaje, sino de una falta de respeto a la población», según un comunicado recogido por el diario peruano ‘Expreso’.
Por contra, el partido del Gobierno, Perú Libre, saludó este jueves la decisión de la fiscal. «Luego de la investidura (mandato) presidencial, tranquilamente puede darse la investigación. Agradecemos que haya tomado esa decisión», ha declarado por su parte el el congresista y portavoz de Perú Libre, Waldemar Cerrón, a la radio Radio Programas del Perú.
Asimismo, el portavoz también aplaudió que la fiscal general «no haya transgredido lo que dicta la Carta Magna» al tomar la decisión, en referencia al motivo principal esgrimido por Ávalos de que un mandatario; la interpretación de que un presidente no puede ser sometido a procesos judiciales durante el ejercicio de su mandato.
«El Presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso Y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral», de acuerdo con los argumentos presentados por la fiscal.
