MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía mexicana ha lanzado una nueva serie de órdenes de detención contra varios cargos del gobierno del expresidente Felipe Calderón, como el que fuera su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, así como contra el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, por su implicación en el envío de manera ilegal de unas 2.500 armas de fuego desde Estados Unidos a México.
Las autoridades mexicanas han acusado también al principal socio de García Luna, Luis Cárdenas Palomino, excoordinador de Inteligencia de la Policía Federal, institución que tiene a otros tres antiguos altos mandos bajo sospecha.
En total han sido siete nuevas órdenes de aprehensión. En el caso de García Luna es la tercera que la Justicia mexicano ha lanzado contra él en un nuevo intento por lograr su extradición desde Estados Unidos, donde permanece recluido acusado de narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Por su parte, Cárdenas Palomino se encuentra desde julio de 2021 encerrado en una cárcel de máxima seguridad de Estado de México por un caso de torturas ejercidas sobre supuestos secuestradores, recuerda el diario mexicano ‘Milenio’.
El caso se remonta al sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) cuando Estados Unidos, a través de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), introdujo de manera deliberada unas 2.500 armas de fuego con el objetivo de identificar y detener a compradores y distribuidores en lo que se conoció como operación ‘Rápido y Furioso’.
Sin embargo, el rastreo de todo este armamento se perdió y acabó en manos del Cártel de Sinaloa. El escándalo estalló en 2011 cuando se confirmó que una de las armas de este arsenal fue usada para matar a un agente de la Policía Fronteriza de Estados Unidos en diciembre de 2010. Crimen que por el momento ha dejado al único detenido por esta trama, un ciudadano mexicano llamado Heraclio Osorio Arellanes.
En 2011, la Embajada de Estados Unidos en México aseguró que las autoridades locales eran conscientes de este operativo, aunque éstas siempre lo negaron.El Congreso estadounidense reclamó sin éxito toda la documentación sobre este caso al por entonces fiscal general, Eric Holder, quien se agarró al privilegio ejecutivo lanzado por el expresidente Barack Obama para evitar ceder a las reclamaciones de la comisión de investigación de la Cámara de Representantes.
