MANAGUA (AP) — Estados Unidos sancionó el lunes a otros seis funcionarios del gobierno de Nicaragua, el mismo día en que el presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo tomarán posesión para un nuevo mandato de cinco años tras haber sido elegidos en cuestionados comicios en noviembre.
Las sanciones fueron dispuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro contra la ministra de Defensa, funcionarios del Ejército nicaragüense, del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) y de la estatal Empresa Nicaragüense de Minería (ENIMINAS).
“El Tesoro está tomando esta medida junto con la Unión Europea, que también adoptó hoy sanciones relacionadas con los continuos abusos del régimen de Ortega-Murillo” que “continúa subyugando la democracia mediante elecciones falsas, silenciando a la oposición pacífica y reteniendo a cientos de personas como presos políticos”, dijo el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, citado en un comunicado oficial.
“Estados Unidos y nuestros socios están enviando un mensaje claro al presidente Ortega, a la vicepresidente Murillo y a su círculo íntimo de que seguimos apoyando al pueblo nicaragüense en sus llamados a la liberación inmediata de estos presos políticos y el regreso a la democracia”, agregó.
Los afectados son la ministra de Defensa, Rosa Adelina Barahona, y los generales del ejército Bayardo Pulido Ortiz y Bayardo Rodríguez Ruiz. Los tres son directivos del instituto de pensiones militares.
También fueron sancionados el exgeneral del ejército Ramón Calderón Vindell, presidente de la junta directiva de la minera estatal ENIMINAS, además de Celina Delgado y Nahima Díaz Flores, directivas del TELCOR. Díaz es además la hija del jefe nacional de la policía, comisionado Francisco Díaz, sancionado previamente.
Según el gobierno de Estados Unidos, estas medidas se tomaron después de que Ortega celebrara “elecciones nacionales fraudulentas orquestadas por su régimen en noviembre, consolidando aún más su control del poder en detrimento del pueblo nicaragüense”.
Por su parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, destacó en una declaración que Ortega “se estrenará hoy para un nuevo mandato presidencial, pero las elecciones predeterminadas que organizó el 7 de noviembre no le proporcionan un nuevo mandato democrático; sólo unas elecciones libres y justas pueden hacerlo”.
Blinken anunció que adicionalmente a estas sanciones Washington tomará medidas para imponer restricciones de visado a 116 individuos «cómplices de socavar la democracia en Nicaragua, incluyendo alcaldes, fiscales, administradores universitarios, así como funcionarios de policía, de prisiones y militares”.
Durante la campaña electoral, entre mayo y noviembre de 2021, el gobierno envió a la cárcel a más de 40 dirigentes opositores, activistas y profesionales, entre ellos siete aspirantes a la presidencia que pretendían disputarle el poder a Ortega en las urnas. Todos ellos continúan encarcelados junto a otros 120 “presos políticos”, de acuerdo con estadísticas de la oposición que no han sido confirmadas por el gobierno.
“El régimen sigue manteniendo a 170 presos políticos y muchos de los detenidos carecen de alimentos adecuados y de atención médica apropiada. Otros permanecen en régimen de aislamiento. El corrupto sistema judicial y de seguridad de Ortega detuvo a estas personas por ejercer el periodismo independiente, trabajar para organizaciones de la sociedad civil, intentar concurrir a las elecciones y expresar públicamente una opinión contraria a la ortodoxia del gobierno, entre otras actividades consideradas normales en una sociedad libre”, destacó Blinken.
Desde fines de 2017 Washington ha sancionado a decenas de funcionarios del gobierno, allegados y familiares de Ortega con el bloqueo de bienes e intereses en Estados Unidos y el retiro de visas. También le han suspendido los visados a más de un centenar de jueces, fiscales, alcaldes y funcionarios policiales y penitenciarios, así como a sus familiares.
Estas sanciones se incrementaron después de abril de 2018, cuando una revuelta social fue sofocada con violencia por policías y paramilitares. Desde entonces, “el régimen de Ortega-Murillo ha reprimido la oposición política y las manifestaciones públicas, lo que ha provocado más de 300 muertos, 2.000 heridos y el encarcelamiento de cientos de actores políticos y de la sociedad civil. Desde entonces, más de 100.000 nicaragüenses han huido del país”, indicó el comunicado del Departamento del Tesoro.
“El Ejército de Nicaragua no solo se negó a ordenar el desarme y desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o parapoliciales durante y después de los levantamientos políticos, sino que también proporcionó armas a los parapoliciales que cometieron actos de violencia”, añadió.
Sobre las sanciones a las funcionarias de TELCOR, el informe oficial indicó que esa entidad suspendió la licencia de operación del Canal 21 de televisión luego de que su director y excandidato presidencial denunciara públicamente anomalías en el proceso electoral. Desde que Ortega asumió el poder en 2007, “el régimen ha atacado a los medios en un esfuerzo por silenciarlos, utilizando a menudo a TELCOR como herramienta de represión”, agregó.
En el caso de ENIMINAS, señaló que esta empresa “es propiedad o está controlada por, o actúa para o en nombre del gobierno de Nicaragua”.
Estados Unidos aclaró finalmente que las sanciones impuestas este lunes “no pretenden ser permanentes, sino que se emiten para alentar un cambio positivo de comportamiento” de quienes apoyan al “régimen autoritario” de Ortega y que serían eliminadas de ocurrir ese cambio.
