MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El jefe del Departamento III de Operaciones y ahora comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), el general Marcelo Heredia, autorizó el vuelo en el que los exministros de Defensa y Gobierno, Fernando López y Arturo Murillo, respectivamente, llegaron a la frontera con Brasil para después huir de la nación andina.
Así lo ha revelado un informe del Grupo Aéreo Mixto de Santa Cruz al que ha tenido acceso el diario boliviano ‘Página Siete’, que ha detallado que el vuelo tuvo lugar el 5 de noviembre de 2020, poco después de las elecciones que dieron la victoria a Luis Arce.
Según el trabajo, que tiene fecha del 22 de septiembre, el avión despegó desde el Aeropuerto El Trompillo, en Santa Cruz, hacia Puerto Suárez y volvió en el mismo día. El tiempo total del vuelo, en el que también viajaban el exministro de Economía Branko Marinkovic y un fotógrafo del Ministerio de Defensa, fue de dos horas y 50 minutos.
En el documento de autorización del vuelo figuran cuatro firmas de oficiales subalternos y en la casilla específica de autorización está la firma de Heredia, actual comandante de la FAB. El documento también señala que en el vuelo de vuelta a El Trompillo ya sólo viajaban Marinkovic y el fotógrafo. López y Murillo abandonaron Bolivia el 9 de noviembre, según la información que manejan las autoridades bolivianas.
Cuestionado por ‘Página Siete’, Marinkovic ha detallado que el personal de la FAB «sólo acató órdenes» de quien era ministro de Defensa en aquel momento. «Los tres éramos ministros en ejercicio y no había procesos en contra de esos señores», ha aseverado, antes de asegurar que, «si hubiera sabido que el viaje era para eso (para huir)», no les habría acompañado.
Murillo se ha declarado recientemente no culpable ante la Justicia estadounidense, que le juzga por corrupción y blanqueo de capitales, delitos cometidos presuntamente en el marco del caso de la compra con sobrecoste de material antidisturbios. Está detenido en Estados Unidos desde mayo.
Por su parte, López continúa fugado de la Justicia boliviana y ya está acusado en el marco del caso ‘Golpe de Estado’ y los juicios por las masacres de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, al margen de otro proceso por sobrecostes en la compra de gases lacrimógenos para las fuerzas de seguridad.
