MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
Naciones Unidas ha avisado de que la defensa antiaérea en Mekelle ha estado «en funcionamiento» en la tarde de este martes, aunque ha remarcado que «no hay indicios de bombardeos» en la capital regional tras el incidente en el que, según los medios locales y varios testigos, murieron 17 personas en un molino en la región de Tigray.
El bombardeo, que tuvo lugar en los alrededores de la localidad de Mai Tsebri, según dos personas que pidieron permanecer en el anonimato, se cobró la vida de varias personas, en su mayoría mujeres, cuando se encontraban trabajando en el molino, aunque la ONU no ha podido confirmar las víctimas por falta de comunicación en la zona.
«Seguimos pidiendo a todas las partes en el conflicto que faciliten de inmediato el movimiento libre y sostenido de trabajadores y suministros humanitarios a Tigray, incluidos los suministros médicos para tratar a los civiles heridos en los ataques recientes», ha dicho este martes el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stephane Dujarric, que ha añadido que los trabajadores humanitarios están al corriente de los recientes sucesos.
Este bombardeo se produjo una semana después de que más de 55 personas murieran en un ataque aéreo contra una escuela convertida en centro de desplazados internos en la localidad de Dedebit, también en Tigray. Tras este incidente, la ONU ha declarado que ha reducido sus movimientos en la zona.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, expresó el lunes su «profunda tristeza» por el bombardeo, que tuvo lugar días después de que otro ataque aéreo alcanzara el campamento de refugiados de Mai Aini, también ubicado en Tigray, incidente que se saldó con la muerte de tres refugiados eritreos, entre ellos dos niños.
«La ONU y sus socios humanitarios están trabajando con las autoridades para movilizar urgentemente asistencia de emergencia en la zona, pese a los continuados desafíos por la gran escasez de combustible, dinero en efectivo y suministros en Tigray», ha dicho el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric.
Por ello, Guterres ha mostrado su preocupación por el impacto del conflicto en los civiles y ha reiterado su llamamiento a «un cese inmediato de las hostilidades» y a que las partes «se ciñan a sus obligaciones bajo el Derecho Humanitario para facilitar el acceso humanitario y garantizar la protección de los civiles, incluidos actores e instalaciones humanitarias».
El conflicto estalló en noviembre de 2020 tras un ataque del TPLF contra la principal base del Ejército, situada en Mekelle, tras lo que el primer ministro ordenó una ofensiva contra el grupo tras meses de tensiones a nivel político y administrativo.
El propio Abiy se trasladó a finales de noviembre al frente de guerra para encabezar las operaciones militares y recientemente regresó a la capital tras los últimos avances del Ejército, mientras que el TPLF ha rechazado hasta la fecha un diálogo con Abiy si no se cumplen sus condiciones y ha abogado abiertamente por la dimisión del primer ministro.
El TPLF acusa a Abiy de azuzar las tensiones desde su llegada al poder en abril de 2018, cuando se convirtió en el primer oromo en acceder al cargo. Hasta entonces, el TPLF había sido la fuerza dominante dentro de la coalición que gobernó Etiopía desde 1991, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), sustentada en las etnias. El grupo se opuso a las reformas de Abiy, que consideró como un intento de socavar su influencia.
