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Perú.- El juez Hinostroza rechaza su extradición a Perú denunciando una “persecución política”: “No tendré un proceso justo”

La Fiscalía cuestiona la “pseudo conspiración” y asegura que pudo denunciar esa cacería en “los tribunales de su país”

La Fiscalía cuestiona la «pseudo conspiración» y asegura que pudo denunciar esa cacería en «los tribunales de su país»

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El juez peruano César Hinostroza ha rechazado este miércoles su extradición al país andino denunciando la «persecución política» y la «lapidación pública» a la que se habría visto sometido por parte del «Estado» y asegurando que, de ser entregado, no tendría «un proceso justo» puesto que los «grupos de poder» que le reclaman manejan la Justicia.

«No creo que un tribunal español, que está viendo que a este señor le están torturando, lo vaya a enviar a unos lobos que se lo van a comer», ha sostenido Hinostroza durante la vista de extradición celebrada en la Audiencia Nacional, en la que ha apelado al «corazón y la humanidad» del tribunal, al que ha emplazado a considerar «las leyes» y a no ponerse «una venda» ante la petición de Perú.

Hinostroza, antiguo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, está señalado por su presunta implicación en el escándalo de corrupción judicial conocido como ‘Los cuellos blancos’, que las autoridades peruanas describen como una organización criminal instalada en el Poder Judicial y dedicada a sobornos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias para beneficiar a políticos y empresarios con problemas con la ley.

Esta nueva vista de extradición tenía como objeto determinar si la Audiencia Nacional suma el cohecho activo, por supuestamente sobornar a una trabajadora pública para huir del país, a los delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios por los que ya ha sido acordada su entrega a la nación andina.

EL «MÓVIL DE LA PERSECUCIÓN»

Así, y para oponerse a su entrega, el juez ha insistido en la línea que ha venido marcando en los últimos meses y, según la cual, sería víctima de una cacería política al ser considerado el brazo legal del partido ‘fujimorista’ Fuerza Popular. Todo ello, ha detallado, a raíz de su nombramiento en diciembre de 2015, que «no gustó» a determinado «sector político».

«Me acusaron de ser una especia de cuota política. Ese es el móvil de la persecución», ha repetido, criticando al mismo tiempo que España violase el «principio de confidencialidad» cuando solicitó asilo en el país. «Cuando pido en octubre asilo el policía me dijo: tráigase sus cosas, a su familia, y a usted no le toca nadie. Ese mismo día se comunicó a Perú que yo estaba pidiéndolo. Perú entonces se mueve y ese día el fiscal pide mi detención fuera del proceso», ha señalado.

En el marco de la citada investigación penal se prohibió a Hinostroza abandonar Perú, pero en octubre de 2018 habría pagado 10.000 dólares a una funcionaria de migraciones para salir del país por la frontera de Tumbes. Según el relato de hechos realizado por las autoridades peruanas, y que recoge la Fiscalía española, introdujeron el DNI de la trabajadora pública para evitar que saltaran las «alarmas» del sistema.

El propio Hinostroza ha sostenido que habría sido la persecución a la que se vio sometido la que le habría empujado, según su relato, a huir de Perú y a acudir a España, «un país que se precia de ser democrático y que respeta los Derechos Humanos». «Si no lo pensara no hubiera venido y me hubiese quedado en Holanda, donde hice escala», ha reconocido, insistiendo en la necesidad de analizar las consecuencias de su hipotética entrega.

Concretamente, Hinostroza salió de Perú el 7 de octubre de 2018 y fue detenido diez días después en España. Fue enviado a prisión provisional por riesgo de fuga, tras declarar ante el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, José de la Mata. Sin embargo, la Sala de lo Penal acordó su puesta en libertad provisional, situación que mantiene en la actualidad.

LA RETIRADA DE SU ESCOLTA TRAS LAS «AMENAZAS DE MUERTE»

En esta línea, su letrado ha puesto de relieve que el gobierno peruano le retirase su escolta tras recibir las primeras «amenazas de muerte». «Imagínese un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al que en los años 80 se le retirase la escolta. Si eso no es un indicio de presión o persecución o buscar un mal concreto yo no se lo que es», ha afirmado.

Así, el abogado ha advertido al tribunal de que podría convertirse en «coautor de una lesión de derechos fundamentales», incidiendo en que «lo que pueda ocurrirle al extraditado» no puede ser ajeno a su decisión. «Un país democrático a la altura del estándar europeo que se nos supone no puede consentir que un extraditado sea enviado sin un análisis de los derechos fundamentales», ha añadido.

El juez peruano y su letrado se han expresado así después de la intervención del Ministerio Fiscal, que ha interesado su extradición poniendo en duda la «pseudo conspiración» en la que se habría visto envuelta, asegurando que en su versión «hay cosas que no cuadran», como el hecho de que «tanto los fiscales que llevaron la investigación» como el entonces presidente del país, Martín Vizcarra, no estén ya en su cargo.

LA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN «CASA MUY MAL»

«Resulta complicado entender que esa especia de pseudo conspiración, esa cosa en la sombra se va trasladando desde fiscales, presidentes cesantes expulsados o salientes a nuevos fiscales nuevos jueces y al nuevo presidente, que solo lleva tres meses en el cargo», ha cuestionado el fiscal.

Además, el Ministerio Público ha querido destacar que el partido fujimorista «tenía mayoría en el Congreso en el momento en que» se levantó el aforamiento de Hinostroza y se admitió que fuese enjuiciado. «Todo casa muy mal», ha sostenido la Fiscalía, que ha criticado que su defensa haya «intentado jugar con este procedimiento como si fuese la segunda vuelta» del primero en el que se vio envuelto en España.

El representante del Ministerio Fiscal se ha referido de esta forma a la decisión del Gobierno español, que autorizó en julio de 2020 la entrega de Hinostroza por posibles delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios, después de que la Audiencia Nacional diera el visto bueno en septiembre de 2019.

Asimismo, el fiscal ha sostenido que el propio Hinostroza tuvo la oportunidad de «acudir a los tribunales de su país» para denunciar esa supuesta cacería. «Estamos exigiendo casi cotas de heroicidad a una persona que tuvo que sacar por la frontera a su mujer y poner a salvo a sus hijas por las amenazas que recibía. Pelear ha peleado», le ha espetado su defensa.

En la misma línea que el Ministerio Público se ha expresado el representante de Perú, que se ha adherido de forma expresa a la postura sostenida por la Fiscalía. «Se nos quiere hacer valer de esa conspiración y de que todo está montado contra él, y no es así. Él hace su derecho de defensa por cauces de defensa y el hecho de que no tenga acogimiento por los tribunales no quiere decir que haya animadversión. No hay individualización en el señor Hinostroza para sostener una persecución», ha afirmado.

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