ANAVA-RC avisa de que el anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal «esconde una medida puramente fiscal» que reformaría el IRPF
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC) ha alertado de que el Gobierno «pretende recaudar impuestos con las indemnizaciones» de las víctimas de siniestros viales.
Así lo ha advertido la entidad, que ha informado de que ha enviado sendos escritos de protesta al secretario general técnico del Ministerio de Justicia, Jacobo Fernández Álvarez, y al director general de Seguros, Sergio Álvarez Camiña, manifestando su «más radical oposición» a una proposición de reforma legal referida al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
ANAVA-RC ha solicitado una reunión urgente con representantes del Ministerio de Justicia en la que también estén presentes el resto de asociaciones de víctimas de accidentes y de abogados de víctimas a nivel nacional. «Su puesta en marcha causaría un daño irreparable a las víctimas de accidentes de tráfico y muy especialmente a los lesionados graves», ha asegurado la asociación que engloba a más de 200 despachos de abogados de víctimas de toda España y con mayor representatividad en este sector.
En un comunicado, recogido por Europa Press, ANAVA-RC ha trasladado su «preocupación» por la redacción de la Disposición final segunda del anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, firmada por el anterior titular del Ministerio de Justicia, Juan Carlos Campo, y aprobada por el Consejo de Ministros el 15 de diciembre de 2020.
Según ha detallado la asociación, en la citada disposición, «de forma escondida, se realiza una importante» modificación de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, «que no tiene en consideración el grave impacto económico que supondría para estas víctimas, para los perjudicados en caso de fallecimiento e incluso para las aseguradoras».
«No tiene en cuenta que los perjudicados o víctimas en accidentes de circulación, lamentablemente, sufren unos perjuicios personales y patrimoniales en el momento en el que sufren un accidente de circulación por culpa de un tercero, y lo que pretende la indemnización es precisamente compensar esa disminución patrimonial con la restitución íntegra de los daños y perjuicios sufridos, dejando a la víctima, en la medida de las posibilidades de la norma vigente (Art. 33 de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre), en la misma posición que estaba antes de tener el accidente», ha apuntado Manuel Castellanos, presidente de ANAVA-RC.
«NUNCA» HAN SIDO UN INCREMENTO PATRIMONIAL
En este sentido, Castellanos ha puesto de relieve que, desde el punto de vista fiscal, «las indemnizaciones nunca se han considerado como un incremento de patrimonio si no una compensación de las disminuciones sufridas a consecuencia del accidente».
Asimismo, la asociación de abogados considera que esta proposición de reforma «incurre en una grave confusión» de la terminología legal de la Ley, que por vía de Disposición Adicional, pretende reformar, por lo que «debe quedar claro que la exención de impuestos debe aplicarse a todos los perjuicios tanto, extrapatrimoniales (los daños morales) como patrimoniales». «Estos ciudadanos más vulnerables son perjudicados por la culpa o negligencia de un tercero que les provoca un daño corporal que debe ser resarcido en su totalidad y se vería totalmente afectado en el supuesto que sea aprobada la mencionada Disposición», ha añadido.
Por otro lado, ANAVA-RC ha explicado que el anteproyecto de Ley introduce cambios en el trámite de los acuerdos amistosos extrajudiciales entre las aseguradoras y los perjudicados que «incrementarían los costes de los mismos, pues introduce la intervención de una figura denominada un ‘tercero neutral’, sin definición alguna de su función o cometido, y exige ‘escritura pública’ cuando el pago lo realiza una entidad aseguradora».
Finalmente, ha avisado de que al tributar las indemnizaciones conseguidas en los acuerdos amistosos «lo que generaría es un desbocado aumento de litigios, pues los ciudadanos deberían esperar a la sentencia judicial para que su indemnización quede exenta de tributación, cargando más, si cabe, a la ya desbordada administración de Justicia».
