MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, ha anunciado este jueves la acusación formal contra los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López por delitos contra las finanzas del Estado, como la compra con sobrecostes del material antidisturbios que se utilizó para reprimir las protestas durante la crisis política de 2019.
Lanchipa ha explicado que las acciones de los acusados han ocasionado un perjuicio al país de unos 16 millones de bolivianos (más de dos millones de euros), por lo que solicitarán la pena máxima, unos diez años, por estos delitos, entre los cuales están tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito y operaciones lesivas a los intereses económicos del Estado.
La acusación está «debidamente sustentada», basada en una treintena de pruebas testificales y en casi 200 documentos obtenidos durante los registros en los Ministerios de Gobierno y Defensa, dirigidos por Murillo y López, respectivamente, así como en una auditoría realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) «que demuestra claramente el daño económico causado al Estado», ha remarcado el fiscal, informa el diario ‘Página Siete’.
Otras siete personas han sido acusadas por estos delitos, por el cual también están siendo juzgado en Estados Unidos el exministro Murillo y el que fuera su jefe de gabinete, Sergio Rodrigo Méndez, tras ser detenidos el pasado mes de mayo en Florida y Georgia, junto a otros sospechosos de participar en este trama, con la que se había generado un desfalco de dos millones de euros en la compra de gases lacrimógenos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirma que los titulares de una empresa estadounidense pagaron 602.000 dólares (unos 525.000 euros) en sobornos «en beneficio de Murillo» para que «obtuviera y mantuviera negocios con el Ministerio de Defensa de Bolivia», en especial un contrato de unos 5,6 millones de dólares (4,6 millones de euros), para proporcionarle gas lacrimógeno y otros equipos no letales.
Salvo Murillo, otrora ‘número dos’ de Jeanine Áñez, todos los detenidos se han declarado culpables y están a la espera de conocer el veredicto de su sentencia el próximo 18 de enero.
Con la victoria de Luis Arce en las pasadas elecciones de octubre de 2020, muchos ministros de Áñez huyeron de Bolivia, entre ellos Murillo, que puso rumbo a Brasil junto a López, todavía prófugo de la Justicia, sobre quien además pesa otra acusación por el caso ‘Golpe de Estado’ y los juicios por las masacres de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019. Ambos, según una última revelación, habrían contado con la colaboración del comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), el general Marcelo Heredia, para poder huir del país.
