MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
La Defensoría del Pueblo de Colombia advierte de la «gran tensión» existente en el departamento de Arauca, en el este del país, por los enfrentamientos entre miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que ya han dejado 33 muertos.
«Persiste el temor de las comunidades. Por esta razón, estamos en el departamento de Arauca conversando directamente con las comunidades que han resultado afectadas por las acciones de los grupos armados ilegales que se disputan las actividades ilícitas en la zona de frontera», ha asegurado el defensor del pueblo, Carlos Camargo, en una visita a la zona.
La Defensoría ha advertido de que, además de las 170 familias que actualmente están desplazadas en Arauca, «el fenómeno empieza a sentirse en Norte de Santander», departamento a donde habrían llegado 24 familias, según un comunicado de la institución.
En una visita de Camargo a las localidades afectadas, han hecho un llamamiento a los grupos armados para que «respeten a la población civil, la mantengan al margen de sus actividades, que cesen los homicidios en su territorio y que no se recluten menores de edad».
Asimismo, se ha realizado una entrega de paquetes humanitarios en Arauca para que las familias desplazadas puedan contar con enseres básicos en los albergues, tal y como recoge el perfil oficial de Twitter de la Defensoría.
«En el marco de esta crisis humanitaria en Arauca también llamamos la atención por el desplazamiento de 36 personas excombatientes en proceso de reincorporación, quienes en el marco de esta emergencia humanitaria recibieron amenazas o lo hicieron de manera preventiva por el riesgo inminente», ha declarado Camargo.
Las autoridades colombianas informaron a comienzos de año de haber encontrado al menos 27 cuerpos en las zonas rurales de los municipios de Fortul, Saravena y Arauquita, en Arauca; y en la localidad de Cubará, en el departamento de Boyacá.
Según detalló en rueda de prensa el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, las víctimas habrían sido obligadas a salir de sus viviendas por hombres armados, e incluso «algunas habrían sido llevas a Venezuela, asesinadas y posteriormente trasladadas al territorio colombiano». Otras fueron asesinadas en Colombia pero sus cuerpos fueron abandonados en «lugares distintos a los que residían».
